Deoleo pide al Gobierno una ley de trazabilidad para el aceite

La multinacional oléica, que el año pasado perdió 291 millones de euros, cree que esa norma podría acabar con los precios muy bajos

EFE MADRID.

El nuevo presidente y consejero delegado de Deoleo, Ignacio Silva, reclamó ayer al Gobierno desde la Junta de Accionistas de la empresa «un marco regulatorio claro» que incluya una ley de trazabilidad para solucionar lo que, en su opinión, es el problema de raíz del sector: precios y márgenes muy bajos.

La reunión estuvo marcada por la tensión y las críticas de los minoritarios al rumbo de la empresa -dueña de marcas como Bertolli, Carbonell, Carapelli, Hojiblanca o Koipe-, que cerró el año pasado con pérdidas de 291 millones de euros que derivaron en que incurriera en «causa de disolución», a lo que se suma un desplome en bolsa del 70% en el último año.

«La compañía tiene necesidad de priorizar, probablemente hemos hecho en el pasado demasiadas cosas, lo que nos ha impedido hacer mejor las más rentables o de potencial mayor. A lo mejor, es momento de una Deoleo no más grande, pero sí más fuerte», subrayó sobre su estrategia a seguir para reflotar la compañía.

De acuerdo con sus previsiones, Deoleo debe ahora acometer un plan estratégico que le permita en cinco años multiplicar casi por 3,5 su actual nivel de Ebitda, hasta los 55 millones de euros.

Por mercados, mientras que en España sus enseñas «evolucionan positivamente» en términos de cuota de mercado y penetración, en Estados Unidos sus resultados fueron negativos en 2018 y es «el país que lastra» sus cuentas.

«La bajada de precios drástica empujada por un competidor -en referencia a la cooperativa española Dcoop-, unida a la falta de estándares de calidad en el país que garantice la misma, nos impacta duramente en la cuenta de resultados», señaló.

A nivel general, lamentó «la mala situación en la que está el sector condicionado totalmente por unos precios a la baja y unos márgenes muy bajos que afectan a toda la cadena de valor del sector».

En su opinión, la solución no es «intervenir en el precio a corto plazo» -en alusión a las voces que abogan por que la Unión Europea permita tomar medidas extraordinarias como el almacenamiento privado-, sino que hace falta una ley de trazabilidad «que garantice un marco legal a uno de los productos que más puede hacer por la marca España».