Los criterios de valoración temporales obligan a la Junta a anular las ayudas al viñedo

Inicio de la vendimia de uva blanca. :: hoy/
Inicio de la vendimia de uva blanca. :: hoy

Apag considera que la nueva convocatoria que se publique repercutirá en un mayor colapso en la tramitación de subvenciones del campo

J. M. M. BADAJOZ.

El plazo finalizaba esta semana, pero el viernes 5 quedó anulada la convocatoria. Las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo han quedado paralizadas. Los motivos que llevaron a la Junta de Extremadura a tomar esta decisión es que la orden, que se publicó el pasado 5 de marzo, incumplía la normativa nacional. En concreto, lo hacía en los plazos marcados para el cumplimiento de las condiciones para optar a la subvención, ya que no se ajustaban al decreto aprobado en «materia de reestructuración y reconversión y al Programa Nacional de Apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola», según confirman desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Precisamente, el Partido Popular ha pedido la destitución de la máxima responsable de esta cartera, Begoña García Bernal, ante lo que los populares consideran una «chapuza y una ilegalidad», que genera incertidumbre en un millar de agricultores.

Este es el número aproximado de viticultores que se habían acogido a la línea de subvenciones presentando su solicitud. Ahora no tienen claro cómo les va a afectar la anulación, pese a que desde la Junta se informa que todos los expedientes ya registrados seguirán siendo válidos.

Desde Apag se entiende que no será tan sencillo. «Los ya presentados van a tener que ajustarse y se requerirá más documentación», prevé Juan Metidieri, presidente de la organización agraria, que añade que la nueva convocatoria que se abrirá va a suponer en un aumento del colapso burocrático que, en su opinión, ya afecta a las ayudas del sector primario de la región.

El martes

La previsión de la Administración es que la nueva orden se publique el próximo martes. Los cambios que se efectuarán, respecto a la anterior, están relacionados con «la flexibilización de las fechas tenidas en cuenta en los criterios de prelación, así como un aumento del porcentaje de financiación hasta el 75% en el caso de los solicitantes individuales», detallan fuentes de la Consejería de Políticas Agrarias.

Así, se deberá eliminar del texto la necesidad de cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria a fecha 31 de diciembre de 2018 y de 1 de enero de 2019 y se amplía el plazo hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, tanto para los viticultores que tengan la condición de agricultor a título principal o profesional o sean titulares de una explotación prioritaria, como para las sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación o pertenencia a organizaciones profesionales agrarias.

Estos cambios están marcados por el decreto nacional aprobado en noviembre de 2018, por lo que las críticas del PP se centran en los cuatro meses que ha tenido la Junta para adecuar su convocatoria, ya que en Extremadura se publicó en el DOE a principios de marzo con un importe de nueve millones de euros.

En este sentido, desde la Consejería del ramo se incide en que «no existe ningún riesgo para los fondos previstos en la convocatoria ni perjuicio a los representantes ni a los viticultores de nuestra comunidad».