LAS CATAS DE ACEITE DE OLIVA

La cuestión es si, con criterios subjetivos no analíticos, la garantía de los resultados mediante cata es plena. Y, al contrario que el vino, el aceite de oliva virgen extra es un zumo natural de fruta y empieza a perder cualidades desde el inicio. Otra razón para poner en duda los resultados de una cata

ANÁLISIS AGRARIO JUAN QUINTANA

LOS estudios comparativos alimentarios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) son siempre controvertidos, y no lo ha sido menos el último sobre los aceites de oliva virgen extra (AOVE). La capacidad de influencia de esta organización es evidente, ya que sus acciones tienen un muy alto nivel de penetración en los medios de comunicación, redes sociales y, por tanto, en el consumidor y en el mercado. Por ello, esta organización debe tener el máximo nivel de responsabilidad, en particular en esas zonas grises donde se sitúa el límite de las funciones.

Entre los trece puntos de los estatutos de la OCU donde establecen sus finalidades, efectivamente se menciona la contribución al desarrollo de estudios comparativos y colaborar con las administraciones haciéndoles llegar estudios. Parece más bien, tal como se le presupone a una organización de consumidores, que su función es colaborar con la autoridades promoviendo que los organismos competentes realicen las investigaciones, estudios y análisis que consideren necesarios para la correcta defensa de los derechos del consumidor. Respetando la libertad de toda entidad, no parece claro este tipo de estudios deban ser acometidos o, al menos hechos públicos, por una organización de consumidores. Ahora le ha tocado al AOVE, pero antes apuntaron a otros muchos alimentos.

Por otro lado, la gran mayoría de sus informes comparativos no detectan fraude, sino que establecen rankings y listas de marcas en función de lo que consideran mayor o menor calidad de producto. Sin entrar a valorar si sus métodos de análisis son o no los adecuados, la cuestión es que la calidad mayor o menor de los productos no es en ningún caso un problema de derechos del consumidor, siempre que no haya fraude. En el libre mercado el consumidor tiene una amplia batería de alimentos muy malos, malos, regulares, buenos y muy buenos, pero que cumplen los estándares establecidos por nuestras autoridades de seguridad alimentaria. Es el consumidor quien tiene que decidir lo que compra en función de muchos factores, como el precio, la información que le proporciona la etiqueta, la lícita publicidad, la percepción del envase y del propio producto, el origen, el boca a boca, etc.

Y aquí viene la duda, ¿una organización privada, necesitada de generar ingresos para subsistir puede garantizar su absoluta asepsia e imparcialidad con estudios de comparaciones de marca, con todo el impacto que ello tiene en la cuenta de resultados de las empresas y en el propio mercado? . Quizás sí, pero la duda está ahí, y no solo hay que ser la mujer del Cesar, sino parecerlo.

Por otro lado, el caso del AOVE es singular, ya que la OCU ha informado sobre qué aceites comercializados como virgen extra no lo son, lo que sería un fraude y, por tanto, deberían haber cursado la correspondiente denuncia documentada a los organismos públicos e independientes que velan por nuestra seguridad alimentaria, como es la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Una vez investigado, es a quién le compete adoptar medidas y hacer pública la información.

Pero además, de acuerdo con la normativa vigente, en el caso del AOVE lo que en último término define si es o no virgen extra, es una cata. Así es la norma actual y hay que respetarla, al margen de que sea muy necesario cambiarla.

La cuestión es si, con criterios subjetivos no analíticos, la garantía de los resultados mediante cata es plena. Otro factor es que, al contrario de lo que sucede con el vino, el AOVE es un zumo natural de fruta, por lo que empieza a perder cualidades desde el primer momento. Una razón más para poner en duda los resultados de una cata, independientemente de que se haya realizado de acuerdo a la normativa vigente.

 

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