Labradores de Tierra de Barros exigen ver las cuentas del proyecto de regadío

Después de que el presupuesto inicial de 180 millones de euros se incrementase hasta los 250, los agricultores quieren conocer qué partidas proceden de Fondos Europeos a través del Plan de Desarrollo Rural (PDR), si el proyecto cuenta con el visto bueno de las instituciones europeas, y cuál ha sido el resultado de la solicitud que se iba a hacer con cargo a los Fondos Next Generations.

Además, quieren saber cuáles serán las aportaciones del Ministerio de Agricultura y Junta de Extremadura, qué cantidades deberán aportar los regantes, y si la modificación del proyecto con la inclusión de la planta fotovoltaica supondrá algún contratiempo o retraso en la ejecución prevista.

La CLYGAL entiende que conocer el cuadro financiero del proyecto y una aproximación del calendario respecto a las previsiones de ejecución de las obras es «algo básico para los agricultores». En este sentido también solicitan que la Consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, y el Secretario General de Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapias se aclaren, ya que mientras la primera anunció que las obras se licitarían en el primer cuatrimestre de 2022, el segundo se da de plazo todo el presente año para sacar el concurso.

Los agricultores también demandan información sobre si desde la Junta de Extremadura o desde la Consejería de Agricultura se están llevando a cabo algunas gestiones o negociaciones con entidades financieras, para que la parte que corresponde aportar a los regantes tenga unas condiciones ventajosas y no suponga una carga que resulte inviable afrontar por los profesionales del campo.

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo también quiere «reconocer» la disposición mostrada por el alcalde, José María Ramírez, quien en el balance del año realizado a una emisora de radio local dijo que la partida de «las expropiaciones será bastante más de lo que hay establecido ahora» –la Comunidad reclama más de 20 millones de euros, el valor real estimado de las tierras– y que «todos los afectados, presenten reclamación o no, cobrarán el mismo precio justo que se establezca».

La CLYGAL insta al alcalde a que, después de mostrar su disposición a apoyar a los afectados para que cobren un precio justo por sus tierras, que arranque un compromiso firme del Gobierno de la Junta de Extremadura, para que la partida destinada a las expropiaciones supere los 20 millones de euros que será el precio real de las fincas afectadas y, a partir de ahí retomen las visitas que anunciaron en el mes de septiembre desde la Consejería de Agricultura, para reunirse con todos y cada uno de los afectados.

La Comunidad de Labradores concluye que «cualquier evasiva por parte del Gobierno de Extremadura a la petición del cuadro financiero y del calendario de ejecución de las obras será la demostración de que una vez más estamos embarcados en una campaña política, y no en la gestión necesaria para llevar a cabo la ejecución del Proyecto de Regadío de Tierra de Barros, de gran alcance socioeconómico para esta comarca».