Los países de la UE podrán cortar el acceso a Internet sin orden judicial

En España, la legislación exige una autorización previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa

BRUSELAS

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado por una amplia mayoría de 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones la reforma de la regulación del sector de las telecomunicaciones. La normativa permite que los países de la UE puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, tal y como quieren hacer Francia o Reino Unido. En España, la legislación exige una autorización judicial previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa.

La aprobación de la Eurocámara pone punto y final a dos años de tramitación de la reforma, que fue propuesta por la Comisión en 2007. Los Gobiernos de los 27 ya la ratificaron el pasado lunes. Las nuevas normas entrarán en vigor el próximo 18 de diciembre, cuando se publiquen en el Diario Oficial de la UE. Los países de la UE tendrán entonces 18 meses para incorporarlas a sus respectivas legislaciones nacionales.

Los eurodiputados bloquearon el pasado mes de mayo la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones reclamando que la nueva normativa prohibiera expresamente cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27. Pero en la fase final de las negociaciones, a principios de noviembre, el Parlamento cedió en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet.

A cambio, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto en la versión inicial de la legislación. En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet "sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática". Tales medidas sólo podrán adoptarse "respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad" y como resultado de un "procedimiento previo, justo e imparcial" que garantice "el derecho a ser escuchado" y "el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno".

Cambio de postura

El Parlamento justifica su cambio de postura argumentando que los servicios jurídicos de las instituciones europeas habían dictaminado que la enmienda para prohibir el corte de Internet sin autorización judicial excedía las competencias de la UE y habría sido anulada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Y asegura que la nueva normativa supone un avance importante para los derechos de los internautas.

Por su parte, la comisaria responsable de Telecomunicaciones, Viviane Reding, ha explicado que la reforma en ningún caso avala las 'leyes de tres avisos', que "permiten cortar el acceso a Internet sin un procedimiento previo justo e imparcial o sin una revisión judicial efectiva y oportuna". "La reforma de las telecos de la UE traerá más competencia a los mercados de telecomunicaciones de Europa: servicios fijos, móviles y de Internet mejores y más baratos; y conexiones a Internet más rápida para todos los europeos", ha señalado.

Separación funcional

La principal novedad de la reforma aprobada este martes es que da poderes a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores históricos, como Telefónica, a separar funcionalmente el departamento de servicios de la gestión de la red en caso de problemas de competencia. Esta medida sólo se podría aceptar en casos excepcionales, cuando no hayan servido otras recetas.

También se crea un Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, de talla mucho más reducida que la Autoridad que había propuesto originalmente la Comisión Euorpea, que estaría integrado por los 27 directores de los reguladores nacionales. Su papel sería meramente consultivo.

Los Estados miembros y la Eurocámara han rechazado la pretensión de Bruselas de arrogarse nuevos poderes para poder vetar las medidas correctivas dictaminadas por los reguladores nacionales (como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el caso de España) cuando se detectan problemas de competencia en algún mercado. Las autoridades nacionales seguirán teniendo la última palabra en estos casos.