La Junta espera que cada municipio deje sus escombros a menos de 15 kilómetros

Pocos municipios se salvan de una imagen que la Junta de Extremadura quiere erradicar: los escombros o restos de obras que asolan el extrarradio de muchos pueblos y ciudades. Después de acometer medidas sobre residuos orgánicos, tras haber organizado la recogida selectiva de papel-cartón y vidrios mediante 'ecopuntos', y después de construir 'ecoparques' donde gracias al buen uso de los contenedores amarillos se separan y recuperan materiales como plásticos, latas y otros envases, ahora llega el turno de los residuos de la construcción y demolición (RCDs), coloquialmente conocidos como ripios y cuyo abandono incontrolado suponen un grave impacto paisajístico. La directora general de Evaluación y Calidad Ambiental, María Pérez Fernández, está realizando una intensa ronda de visitas a los municipios extremeños a través de reuniones con los representantes de las mancomunidades para explicarles su idea. Su objetivo es que cualquier pueblo o ciudad de la comunidad tenga, como máximo a quince kilómetros, un lugar autorizado donde dejar restos de obras como la uralita, material cerámico de los sanitarios, ladrillos, cristal, cemento y otros elementos que pueden volver al mercado si se separan convenientemente. En la actualidad, sólo funciona una planta de estas características en Almendralejo. El Plan que quiere poner en marcha la Junta ahora es sólo un borrador y está a la espera de sugerencias y aportaciones de los representantes municipales. Se resume en sacar a concurso las distintas plantas de tratamiento de RCDs de un modo suficientemente atractivo para que empresas privadas quieran hacerse con su gestión mediante concurso. En el más optimista de los casos, Pérez Fernández espera que esta medida pueda estar funcionando a finales de 2010. Pero antes hay que dar varios pasos, aunque ya tienen información que le han facilitado varias consultoras. Como el marco general de la propuesta, que ya existe y es de aplicación directa, si bien la Junta prepara un decreto específico que siga las pautas de la legislación nacional (Ley de Residuos 10/98, que se completa con el Plan Integrado de Residuos de diciembre de 2008) y la última directiva europea de noviembre de 2008 que obliga, en términos generales, a gestionar y recuperar estos restos de obras y demoliciones. «La normativa deja claro que la responsabilidad es de las personas que los abandonan y aplica el principio de quien contamina paga», subraya la directora general, que ya ha explicado las líneas de su Plan en las zona de influencia de Llerena, Azuaga, Jerez de los Caballeros, Calamonte, Cañaveral, Hervás, Olivenza, Villafranca de los Barros, Miajadas y Fuente de Cantos. Esta semana tiene en su agenda a la comarca de Lácara norte, los pueblos de la Sierra de San Pedro y Ribera de Fresnedoso. Allí expone su idea para que sea discutida a la espera de que los ayuntamientos se vayan adhiriendo a su Plan. Pero lo ambicioso de su propuesta es conseguir la complicidad de las grandes ciudades. Según María Pérez Fernández, ya le han contestado positivamente en Plasencia, Cáceres, Villanueva de la Serena-Don Benito, Mérida y Almendralejo. Solamente Badajoz no ha respondido aún. Es competencia municipal La medida no es gravosa para la Junta de Extremadura, pues su papel se limita a impulsar la iniciativa y coordinar la medida con la ayuda de las dos diputaciones provinciales. Además, la representante autonómica no pasa por alto que la competencia en este tipo de basura es municipal, y cita la Ley de Residuos de 1998. «Es importante la adhesión voluntaria de los municipios, que lo único que tendrían que hacer es ceder el suelo para estas plantas temporalmente y que le digan al sector privado dónde está el suelo más apropiado para avanzar en el proceso sin dificultades de calificación urbanística o de impacto ambiental». Estas facilidades son necesarias porque, según la representante de la Junta, el problema de los escombros «es acuciante y hay que buscar soluciones eficaces» y si los concursos públicos para su gestión se declararan desiertos la intención de la administración regional no valdría de nada. De hecho, Pérez Fernández destaca la importancia de disponer de lugares donde verter los restos de obras, de centros de transferencias e instalaciones para su gestión a poca distancia de cada pueblo con la finalidad de no descompensar el sistema «y que los precios de recepción de residuos sean los mismos en toda Extremadura, pues éste es uno de los fallos que hemos detectado en otras comunidades que hemos estudiado previamente». Según la directora general de Evaluación y Calidad Ambiental, «para que una planta sea rentable es necesario una entrada mínima de toneladas al año y esto depende de la población y la actividad, por eso es razonable pensar que puedan definirse zonas con umbrales mínimos, por lo que habrá que unir municipios en la oferta por concurso público para la gestión de los residuos de toda una zona». Funcionando en 2010 La ronda de entrevistas que María Pérez Fernández está manteniendo con responsables municipales le servirá para otra actuación relacionada con su dirección general. La denomina 'Evaluación Ambiental Estratégica' (EAE), «que es lo mismo que un estudio o declaración de impacto ambiental pero en un Plan, no en un proyecto. Este EAE implica pasos como la elaboración del borrador que estamos haciendo. Tras la consulta, haremos un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)». Este informe se someterá a información pública durante 30 días hábiles para recibir alegaciones de afectados, interesados y ciudadanos en general, un documento que Pérez Fernández espera publicar «en el mes de marzo como muy pronto» para obtener una Memoria Ambiental que junto al Plan será sometido a la aprobación del consejo de gobierno, «que siendo optimista espero que ocurra en verano». A partir de entonces las poblaciones que se adhieran al Plan deberán empezar a buscar suelo en su término municipal para que los concursos se publiquen este año y la adjudicación de las plantas ocurra durante el siguiente con el objetivo de que empiecen a funcionar -aunque no simultáneamente- a lo largo de 2010.