Garzón imputará al franquismo un delito de genocidio

Justicia pone a su disposición forenses para identificar restos

COLPISA

El juez Baltasar Garzón ha decidido imputar un delito de genocidio al régimen franquista, según informaron ayer fuentes judiciales, en respuesta a las denuncias y querellas presentadas por una veintena de asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la represión desatada por la dictadura. Estas fuentes precisaron que en los próximos días el magistrado dará a conocer una resolución en la que resolverá si es la Audiencia Nacional el órgano judicial competente para investigarlo o si deben ser los distintos jueces naturales los que estudien cada caso concreto. La decisión del juez Garzón llegará después de varias semanas de intensa actividad judicial en las que el magistrado pidió documentos e informes oficiales que involucraban a diferentes instituciones oficiales, caso de tres ministerios (Cultura, Defensa y Justicia), a varias alcaldías o a las cerca de 23.000 parroquias católicas de toda España. Con ese material, el magistrado pretende poner los cimientos para identificar a las personas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936, tras el denominado Alzamiento Nacional, y durante los tres años de Guerra Civil y la posguerra, el primer franquismo que concluyó en 1948 tras ponerse fin a las juntas militares. El pasado 6 de octubre, las propias organizaciones entregaron un censo orientativo con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 personas que sufrieron la violencia del conflicto fratricida y la posterior represión política del franquismo. La resolución que prepara el juez Garzón deberá ordenar cómo investigar esos presuntos crímenes, para verificarlos, y sobre todo, organizar el proceso de recuperación de los restos mortales, reclamados por sus deudos. Con este censo en la mano, el juez ha concluido, según las fuentes citadas, que estos desaparecidos son víctimas de una estrategia delictiva, un genocidio atribuible a los máximos responsables del Alzamiento Nacional y a los integrantes de las primeras juntas militares, decisión que habilita la adopción de soluciones a las reclamaciones de los familiares, que quieren localizar las fosas comunes, exhumar los cadáveres e identificarlos. Toxicología El Ministerio de Justicia remitió este lunes una carta al magistrado en la que pone a su disposición los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para realizar las pruebas forenses que sean necesarias. El ministro Mariano Fernández Bermejo destacó ayer que la Ley de Memoria Histórica reconoce y amplía derechos a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. La resolución que perfila el juez Garzón debe despejar incógnitas como contra quién dirige la acción penal, dado que todos los autores han fallecido, o qué tribunal debe conducir la investigación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional defiende que el tribunal central no es competente porque cualquier responsabilidad penal prescribió con la amnistía general dictada antes de la aprobación de la Constitución de 1978, y los encargados de indagar son los jueces naturales del lugar en el que se produjo cada delito.

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