Descaro en la Eurocámara

El informe confidencial que maneja a puerta cerrada un puñado de europarlamentarios sobre las irregularidades detectadas en el pago de asistentes (hasta 15.496 euros al mes) por parte de algunos cargos electos revela situaciones que se aproximan mucho a la estafa, como que un eurodiputado contratara a su mujer para desempeñar esas funciones, cuando las cualificaciones de la señora no la habilitaban para ello.

La auditoria interna sobre las irregularidades observadas en el pago de asistentes por los europarlamentarios continúa vetada al gran público, pero Paul van Buitenen, uno de los escasos miembros de la Comisión de Control Presupuestario que ha tenido acceso al documento en su condición de tal, ha publicado en su blog un sumario de cinco folios que resume lo que el autor considera son los aspectos centrales del informe.

Cada miembro del Parlamento Europeo recibe un máximo de 15.500 euros al mes para contratar asistentes que les ayuden en el ejercicio de sus funciones. Como hay 785 eurodiputados, la cifra anual comprometida en esta partida asciende a 140 millones, o el 10% del total del presupuesto de la institución. En sus 5 años de mandato, cada eurodiputado recibe para estos fines un total de 930.000 euros, al margen de otras asignaciones y compensaciones monetarias.

El auditor interno que ha realizado en informe verificó un total de 167 pagos de los 4.700 que fueron efectuados en octubre del 2004, utilizando técnicas de dispersión para seleccionar la muestra que permitieran extraer la conclusión de que lo detectado en la investigación está generalizado en la actividad investigada, sin verificar toda la información disponible.

Ni el informe de auditoria, ni el eurodiputado van Buitenen, dan nombres de los parlamentarios responsables de situaciones irregulares, pero sí detallan las cuestionadas prácticas. Por ejemplo, que el mes de referencia un europarlamentario pagara toda su asignación, los 15.500 euros, a un único asistente; que en dos casos el pago se efectuara a un proveedor de servicios sin asistentes acreditados; que en un caso la destinataria de los 15.500 euros fuera una compañía sin actividad detectable en sus cuentas anuales; o que en otros dos casos los perceptores de tan sustanciosa suma fueran proveedores de servicios con actividades irrelevantes a los efectos del caso, como cuidados infantiles o el comercio de madera.

En los 167 pagos investigados hay 42 que parecen corresponderse con despidos de asistentes por parte de eurodiputados que no fueron reelegidos. Diez de ellos fueron librados en contra de las disposiciones en vigor porque los asistentes que los recibieron se encontraban aún empleados por eurodiputados en posesión de su escaño.

Un asistente recibió durante un periodo de despido provisional de 3 meses 8.890 euros, acumulando devengos de 12 eurodiputados. Otros dos vieron acrecentarse sus salarios en un 71% y un 117%, respectivamente durante el periodo de despido temporal, en lo que van Buitenen considera una maniobra «para liquidar el disponible».

A un eurodiputado le descubrieron como único propietario de la empresa que él mismo tenía contratada para que le prestara servicios de asistencia. Se trata de una sociedad que no parece realizar actividad comercial o mercantil alguna, está registrada en un país diferente del propio del eurodiputado y no aparece contemplada en la declaración de intereses de este.

Sigilo

Los contratos de los asistentes, en fin, varían sustancialmente unos de otros. En casi el 80% de los casos en los que regían exigencias del IVA no había evidencia del registro de la liquidación ni de la exención de ella; el 90% de los contratos no ofrecían cobertura de seguridad social; faltan recibos de pagos y hay pagos por prestación de servicios a cuentas bancarias de los propios europarlamentarios que reclamaron esos servicios.

El sigilo con el que la Eurocámara gestiona este documento parece responder al temor de sus responsables de acentuar el abstencionismo en las próximas elecciones europeas, previstas para el 2009 y fomentar el desapego de la opinión pública hacia esta institución. El auditor sugiere que los cambios en el sistema de asistentes deben ser planteados a mediados de este año, si es que se quiere que entren en vigor con la nueva Cámara.