Edificar un nuevo cubo en la Alcazaba sería legal con el nuevo Plan General

Este argumento es una de las alternativas que usarán los abogados municipales en su recurso de súplica ante los jueces para evitar el derribo

J. LÓPEZ-LAGO
Torre de Espantaperros con el polémico cubo de la Facultad asomando por detrás de los árboles. / C.M./
Torre de Espantaperros con el polémico cubo de la Facultad asomando por detrás de los árboles. / C.M.

La polémica de las edificaciones ilegales en la facultad de Biblioteconomía podría reducirse al absurdo para buscar una salida legal que evitara el derribo.

Los técnicos jurídicos del Ayuntamiento preparan un recurso de súplica basado en la tesis de que con el nuevo Plan General Municipal (PGM), en vigor desde anteayer, sería legal levantar las construcciones que eran ilegales cuando la asociación Amigos de Badajoz formuló su denuncia. Es decir, el Ayuntamiento explicaría al juez que derriban el cubo, el aulario y rebajan la cubierta del antiguo hospital militar, tal y como ordena el auto judicial. Pero después ejecutarían la misma obra pues sostienen que mantener allí a los universitarios es necesario para la ciudad y para seguir revitalizando el casco antiguo.

Esto se denomina en el ámbito jurídico «plantear un incidente de ejecución y está contemplado en el artículo 105 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como cauces legales porque las ejecuciones de algunas sentencias presentan estas complicaciones», indicó ayer el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo. Se refiere, entre otros aspectos, a las demoras en el tiempo con que actúa la Justicia «y si desde el año 2000 funciona la facultad, ocho años después el resultado podría ser distorsionante».

El edil admitió que ésta es una de las vías que explotarán entre las maniobras jurídicas que permiten las leyes, aunque reconoce que resulta ilógica, por eso esperan que la Justicia valore el perjuicio que ocasionaría a las arcas públicas primero derribar para después construir lo mismo. «Nosotros agotaremos todas la vías legales que nos permite la legislación, hasta la última posibilidad, aunque la última decisión lógicamente la tendrá la sala de lo contencioso administrativo (del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura) y nos plegaremos a lo que adopte», indicó el concejal, quien también señaló que el nuevo PGM permitiría incluso edificar algo mucho más exagerado y de mayor impacto.

El nuevo edil de Urbanismo procede del ámbito jurídico y aunque evitó dar demasiadas pistas, Rodolfo explicó que «si la sentencia declara que la licencia de obras concedida contraviene la legislación urbanística, pero el Plan Especial del Casco Antiguo legaliza la situación de la Facultad de Biblioteconomía pudiera darse la circunstancia paradójica de que en ejecución (de sentencia) hubiera que demoler las obras que hay que demoler y al día siguiente alguien pedir una licencia amparado en esta nueva legislación para hacer lo mismo y habría que concedérsela. Y es por esto que existe un cauce procesal que contempla la imposibilidad de ejecución de una sentencia, para evitar esto. De hecho esto (las construcciones de la Facultad) se legalizó antes de que se dictara la primera sentencia en el 2003, lo que pasa es que luego la aprobación del Plan (General Municipal) se dilató en el tiempo». Según Rodolfo, los abogados de la Junta de Extremadura están llevando por su cuenta su defensa del caso para evitar el derribo de la facultad.

Plazo para el derribo

Respecto al plazo de un mes que dio mediante un auto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el concejal aclaró que por ser el día 14 domingo, la fecha límite es el lunes 15. Indicó no obstante que lo que han realizado los técnicos municipales es un proyecto básico que especifica que el proyecto de ejecución «es de tal envergadura que se necesitarían seis u ocho meses para redactarlo. Habrá que hacerlo, pero en un mes no se puede hacer».

El concejal desconoce, dijo, el coste económico que tendrán los derribos, pero señaló que ese dinero lo tendría que asumir el titular del edificio, «en este caso la Junta, aunque no sé si tiene el edificio cedido a la Universidad»

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