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Adenex está abierta a un acuerdo sobre el complejo de Valdecañas

Complejo turístico

Adenex está abierta a un acuerdo sobre el complejo de Valdecañas

Recalcan que «siempre» han querido hablar con la Junta, aunque, de otro lado, no descartan iniciar la vía penal contra Ibarra y Corominas

08.02.14 - 00:12 -
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El proyecto empresarial de ocio más cuantioso de Extremadura, Marina Isla de Valdecañas, cifrado en una inversión final 200 millones de euros, está en el disparadero por la sentencia del Supremo. Adenex, una de las dos asociaciones ecologistas que emprendió hace siete años el camino judicial contra esa iniciativa, emite un doble mensaje. De un lado, asegura, sin especificar mucho más, que está abierta a «todo, a un acuerdo con la Junta», en palabras de su presidente, José María González, «porque no somos dogmáticos ni radicales». Pero, de otra parte, amenaza con abrir nuevos frentes judiciales por la vía penal contra el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el exconsejero Javier Corominas, bajo cuyo gobierno se aprobó el PIR del proyecto.

La sentencia del Supremo no habla literalmente de demoler lo ya construido en el embalse de Valdecañas, pero es obvio que la ejecución de sentencia implicaría eso. Desde Adenex se insiste que la denuncia del proyecto era algo «obligado no solo por ser una asociación ecologista sino por salud democrática» y entiende ahora que tras la resolución del Supremo el conflicto debe cerrarse. Esto es, rechaza que la Junta pueda recurrir al Constitucional.

«No creo que sea lo mejor. Nosotros seguimos abierto a todo, a un acuerdo. A ver, a estudiar cómo se puede ejecutar la sentencia, eso sí, con un estudio previo», señala González. Cuestionado sobre si ese ofrecimiento expresa que se podría no reclamar el derribo del complejo, el dirigente de Adenex elude ser más conciso. «Espero una llamada de la Junta en los próximos días para poder hablar aunque nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo», recalca.

González también dice que ahora se abre un periodo de reflexión en Adenex para decidir si se querellan contra el expresidente Ibarra y el entonces consejero de Vivienda, Javier Corominas, por permitir el desarrollo del complejo.

En clave judicial, María de los Ángeles López Lax, abogada de los ecologistas, ha recordado ahora que la Administración tiene dos meses para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. A partir de esa fecha, se abriría el plazo para que los denunciantes (Adenex y Ecologistas en Acción) pidiesen a la Justicia esa ejecución.

Plazos

Lo más previsible es que la Junta, que medita acudir al Constitucional, alegue imposibilidad legal para cumplir la sentencia del Supremo aduciendo que chocaría con la modificación de la Ley del Suelo que abrió en 2010 y 2011 la opción para construir en determinadas áreas de la Red Natura 2000.

Esa modificación (homologación del PIR de Valdecañas y del Plan General del municipio de El Gordo) está también denunciada por los colectivos ecologistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). La abogada López Lax da por hecho que el TSJEx, tras el fallo del Supremo, rechazará el cambio normativo aprobado por la Junta.

Ecologistas en Acción indicó ayer que tanto los responsables del Gobierno anterior como los del actual «deberían acatar» una sentencia que corrobora decisiones judiciales anteriores, dejar de dilatar el proceso y «empezar a trabajar en la restauración de la zona». La sentencia del Supremo «debe ser el punto final de un despropósito urbanístico y el primer capítulo para crear alternativas sostenibles en la zona».

Por último, el presidente del Consejo Consultivo de Extremadura, Clemente Checa, señaló ayer que el Derecho permite «un amplio elenco de interpretación de una norma, no sólo el estrictamente literal».

Sin referirse a Valdecañas, apuntó que «a veces una interpretación estrictamente literal del Derecho puede conducir a una injusticia».

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