Tabla rasa y volver a empezar. Partir de cero para renovar de verdad. La agrupación socialista de Plasencia tendrá que hacerlo dentro de un mes, cuando la disolución decidida por los órganos de dirección provincial, regional y por Ferraz haya sido ejecutada por los órganos federales. Todo un jarro de agua fría para la dirección local placentina, renovada hace seis meses. Para entonces no habrá en la ciudad ninguno de los 300 militantes actuales, ni agrupación. Solo una sede cerrada. A partir de ese momento volverá a abrirse la afiliación y se convocará asamblea constituyente que elija una nueva dirección local.
El secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, anunció ayer la disolución de la agrupación socialista de Plasencia y explicó que la ejecutiva provincial iniciará los pasos encaminados para disolverla, «para volver a empezar de nuevo y que el PSOE en Plasencia sea noticia por todo lo que tiene que hacer en la ciudad y no por las cosas que puedan pasar dentro del PSOE».
Por la tarde, la Ejecutiva Provincial aprobó proponer a la Federal la disolución de la Agrupación de Plasencia y además solicitar que los cargos públicos y orgánicos «que tienen relación directa o indirecta con el conflicto que existe en Plasencia pongan todos sus cargos y actas a disposición del partido», en referencia directa a los ediles imputados por presunta corrupción y alzamiento de bienes.
Según el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Morales, la decisión se toma por el «desmadre, desorden, desorganización y problemas de varios años que se han ido solapando en Plasencia». También pidió que la ejecutiva federal investigue «el manejo de fondos» tanto de la Agrupación Local como del Grupo Municipal.
La disolución explicó por su parte Fernández Vara, es una conclusión a la que se ha llegado «después de preguntar y de hablar con mucha gente y de ver que lo mejor es volver a empezar». Éste explicó que no se trata de una decisión súbita, sino de algo meditado y de lo que «se viene hablando con Ferraz desde hace tiempo». «Hemos entendido, indicó ayer, que ahora es el momento y como consecuencia de eso, hemos decidido, con la secretaria de Organización del partido, iniciar el proceso de la mano la dirección provincial y regional».
La disolución le fue comunicada a la secretaria local, Rosa Delgado, el martes por la mañana. La dirección de Cáceres pone en marcha el trámite y la regional lo ratificará antes de que Ferraz apruebe la disolución, por ser potestad estatutaria de los órganos federales.
Un proceso que puede estar en un mes. Con el fin de zanjar la insalvable fractura que separa a la dirección local y a las diversas corrientes y sectores del PSOE de Plasencia. Para pacificar el crispado escenario político socialista, con agresiones físicas y amenazas incluidas, y con el objetivo de abrir una nueva era, vistas las irreconciliables posturas.
De hecho, el anuncio de la disolución se produce el día después de que la dirección local placentina aireara la petición acordada hace dos semanas de solicitar la expulsión de la diputada regional Mireya Conejero; de la expresidenta de la gestora local, Puerto Martín; y del concejal y miembro de la ejecutiva regional, Ramón Pedro Rubio.
La primera fue expedientada por el comité local por no detallar los pagos, con cargo a la cuenta del grupo municipal, para afrontar gastos de abogados de la alcaldesa y ediles imputados por presunta corrupción. Lo hizo como jefa de gabinete de la Alcaldía en la pasada legislatura. Los segundos no llegaron a ser objeto de expediente pero también se les pide la expulsión por ser firmantes autorizados. De esa cuenta se derivaron cantidades, por importe de unos 40.000 euros, para pagar de gastos de la defensa de la alcaldesa y cuatro ediles de su segundo gobierno procesados por presuntos delitos de trafico de influencias, prevaricación, fraude y exacción fiscal, al fraccionar obras para poder adjudicarlas directamente.
Las expulsiones pedidas aparecen como unas medidas difíciles de justificar, puesto que los pagos se hicieron de acuerdo con la decisión del comité local socialista de que el partido asumiera los costes de defensa de los ediles. Esa propuesta del comité fue, asimismo, aprobada por el grupo socialista. La dirección local ya pidió la suspensión temporal de militancia y abandono de los cargos de los ediles Blanco y Barbancho, y de Blas Raimundo y de Tornero, imputados.
