Las viviendas de protección oficial tienen un precio y unas dimensiones limitadas y pueden contar con subvención de la Administración Pública, que en ocasiones llega a convertirse incluso en su propio promotor. Al constructor no se le permite venderlas por encima del máximo que se haya fijado y a cambio se le brinda apoyo, como obtener financiación a un interés más bajo del habitual.
Estas casas se conciben para dar la oportunidad de acceder a una vivienda a personas con una renta determinada, de ahí que se establezcan unos requisitos de acceso para los compradores. Entre ellos se encuentran no tener otra residencia o estar empadronado en el territorio regido por la Administración que tutele en cada caso las VPO, siempre que sean de protección pública.
El comprador obtiene de esta manera una vivienda a un precio inferior al del mercado y en ocasiones también puede recibir subvenciones para la compra.
Tiene que respetar a cambio la normativa de uso y venta especial a la que están sujetas, como que sea su domicilio habitual y que en caso de que quiera revenderla se ajuste al precio fijado por la Administración, que además posee derecho preferente de compra.
Límites que en ningún caso se imponen cuando la vivienda es libre, lo que significa que puede ser transmitida entre las partes sin que éstas deban cumplir ningún requisito específico y sin que tenga que someterse tampoco a limitaciones respecto al precio de venta.
