El nuevo barrio Bodegones Sur es una realidad. Sin embargo, las obras de urbanización aún no están concluidas, ya que faltan dos pasarelas peatonales para cruzar la vía del tren y un puente que pase sobre el tendido ferroviario para comunicar la zona con la avenida Lusitania. Asimismo, hay cuestiones menores de telecomunicaciones, viales y acerados. Pero la empresa constructora se encuentra en concurso de acreedores y la promotora no puede ejecutar las obras. Por ese motivo, el Consistorio emeritense ha dado orden de ejecutar los avales depositados al inicio de los trabajos para concluir las actuaciones pendientes, que tienen un coste estimado de 1,77 millones de euros.
El caso de Bodegones Sur podría no ser el único. El Ayuntamiento de Mérida busca fórmulas para poder concluir las urbanizaciones que han quedado a medias debido a los efectos de la crisis económica. Según explica la delegada de Urbanismo, Raquel Bravo, el objetivo es «poner en orden todas las unidades de ejecución, aunque solo tuvieran iniciado el expediente».
Como señala, en la actualidad hay varias promociones de viviendas que se han quedado a medias, lo que impide el desarrollo de nuevas infraestructuras. El mejor ejemplo se encuentra en la Zona Norte, donde la paralización de dos urbanizaciones ha impedido la construcción del principal acceso a la ciudad desde la carretera de Cáceres, una avenida que debe unir la rotonda de la carretera de Montijo con la Ronda de los Eméritos. Una de estas actuaciones, junto a la avenida del Lago, se quedó al 75% de su ejecución; mientras que la otra, entre la avenida del Lago y Grucomsa, ni siquiera llegó a comenzar las obras.
También existen unidades pendientes de desarrollo en La Corchera y en la zona de las Josefinas, donde se encuentra un Proyecto de Interés Regional a la espera de ejecución. En este caso, se anunció la construcción de viviendas del Plan 60.000, y tras la marcha de la promotora se dijo que Sepes se haría cargo de la actuación. «Pero llegó la crisis y todo lo que se inició se paralizó», apunta Bravo, quien afirma que está en conversaciones con la Junta de Extremadura para dar salida a esta promoción.
En todos los casos, como ha ocurrido con Bodegones Sur, la delegada de Urbanismo apunta que el Ayuntamiento seguirá los procedimientos legales necesarios para ejecutar los avales y conseguir que las mejoras sean una realidad «y que Mérida no se quede como una ciudad llena de obras e inconexa». Pero, según afirma Bravo, en algunos casos no se dispone de las cantidades necesarias. Como indica, en apenas dos o tres promociones se cumplió con el depósito del 25% del coste de la obra que exige el Plan General de Urbanismo. En otras actuaciones solo se cuenta con el 3%, lo que pone en peligro no solo la conclusión de los trabajos, sino las posteriores tareas de mantenimiento que deben asumir las promotoras.
Junto a esto, también existe el problema de que en la mayor parte de los casos el suelo ya no es propiedad de constructoras o promotoras, sino de los bancos o cajas que concedieron la financiación para las obras. Además, Mérida no es un caso único, sino que ha ocurrido lo mismo en la mayor parte del país. Por ese motivo, lo aconsejable es negociar para que las entidades acometan estos trabajos.
Esta línea se ha seguido con una promoción que tiene el añadido de afectar a suelo municipal. Se trata de la ampliación del polígono El Prado, un proyecto que el Consistorio adjudicó a las empresas Dycex y Viassa pero que, por problemas de financiación, finalmente se quedó en manos del banco BBVA. Bravo apunta que ya se han celebrado varias reuniones y que tras las vacaciones tendrá lugar un nuevo encuentro para estudiar la situación del expediente y el desarrollo de la promoción. La concejala de Urbanismo indica que se estudia iniciar la reversión de los terrenos, pero que en tal caso podría ser necesario devolver las cantidades recibidas por el Ayuntamiento.
Caso Prointisa
Aún más especial es el caso de la urbanización de Prointisa, frente a María Auxiliadora. La promotora abandonó las obras sin concluir dos rotondas de acceso a la promoción y un puente que debía cruzar el arroyo Albarregas para dar continuidad a un vial que comunica la zona de los Salesianos con San Juan.
Bravo señala que en febrero del pasado año el Ayuntamiento ordenó ejecutar los avales por un importe de 1,25 millones de euros. Pero afirma que se hizo «de una manera totalmente irresponsable» y sin seguir el procedimiento. Como indica, la entidad financiera afectada, Caja Duero, presentó alegaciones, pero no obtuvo respuesta. A finales de marzo se concedió un plazo de diez días a Prointisa para realizar las obras pendientes, pero con un presupuesto distinto. «Es un caos absoluto».
El proceso concluyó con una demanda de Caja Duero, lo que ha paralizado la ejecución de los avales y dificulta el desarrollo de las obras. El concurso de acreedores de Prointisa sigue abierto, pero la empresa ya ha sido liquidada.
