Lo que se intuía como una realidad se confirma. Hace poco más de un mes, este diario informó que en junio, en dos reuniones con trabajadores de los servicios sociales de base, la Consejería de Salud y Política Social había dado a entender a los ayuntamientos que no contaran con la previsión de dinero de la Junta para costear el servicio de ayuda a domicilio. Dos meses después, los municipios, que desde principios de año tienen que costear con fondos propios ese servicio, y, en menor medida, las mancomunidades, deben asumir de forma definitiva que no habrá aportación del Ejecutivo autonómico para cofinanciar esa prestación. Ni un euro. Ni los 8,2 millones del pasado año ni la partida de 2 millones que viene aprobada en las cuentas autonómicas de este ejercicio.
Al menos, no habrá dinero de la Administración regional de forma inmediata, toda vez que mantiene que liberará la cantidad de 4 millones cuando pueda contar con los 10 millones que puso, a través de Sofiex, para el proyecto de la refinería. Es lo que PP e IU acordaron en la Asamblea durante el debate sobre el estado de la región. Un dinero que reembolsará el Grupo Gallardo pero que no será devuelto hasta que se agoten todos los recursos para intentar revocar el no dado por el Gobierno central a la planta. El acuerdo parlamentario de los 4 millones, al depender de la burocracia y la disponibilidad económica ajena, no tiene fecha de concreción.
El 3 de julio, HOY adelantó que el servicio de ayuda a domicilio se quedaba sin un 43% del dinero que venía del Estado por el recorte del Gabinete de Rajoy. Cuestionada la Junta por lo que iba a hacer -tradicionalmente ha puesto siempre la mitad del dinero que aportaba Madrid-, dijo que esa reducción estatal suponía «una merma importante» en los Presupuestos de Extremadura respecto al servicio, aunque no indicó expresamente si habría dinero regional para él mismo.
Argumento
La Junta dice que no destinará dinero alguno a ese servicio. Al caer el presupuesto que el Estado da a Extremadura para el plan con el que se financian los servicios sociales básicos en los Ayuntamientos, que comprende la ayuda a domicilio y los servicios sociales de base, «el dinero que se ha recibido (un 57%) ha sido destinado íntegramente a los servicios sociales de base, a la atención de los colectivos en riesgo de exclusión», asevera la Consejería.
Esta decisión, agrega el departamento que dirige Hernández Carrón, responde un criterio de «priorización» en política social, «adecuada a los recursos disponibles, dado que además, dentro del ámbito de esta consejería ya existen otras ayudas a domicilio, las de la Ley de la Dependencia». Ese argumento es el que utiliza para derivar hacia Servicios Sociales los 2 millones reservados en los Presupuestos extremeños para ayuda a domicilio.
El cierre del grifo presupuestario hacia la ayuda a domicilio ha propiciado que tanto ayuntamientos como mancomunidades hayan reducido, por lo general, sus partidas para esa labor. Unos de forma parcial, otros de manera drástica. Dos casos. En Hornachos, (3.800 habitantes), en 2011 se contaba con una plantilla de 17 auxiliares. Ahora hay 8. Antes se atendía a 97 usuarios, ahora a 44. En Guareña, con 7.300 vecinos, desde el 19 de enero, el Ayuntamiento suspendió el servicio. 70 mayores se quedaron sin él y 6 trabajadoras que lo prestaban fueron al paro. También hay casos de ayuntamientos que han asumido en solitario el servicio.
Mientras llegan los 4 millones de la refinería, los municipios confían más a corto plazo en otra vía de dinero público para este servicio. A finales de septiembre, con el Plan Experiencia, se podrán empezar a contratar a parte de la plantilla de auxiliares con fondos regionales.
