Nueva Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional (AN) fue creada por decreto ley de 4 de enero de 1977, el mismo día en que desaparecía el Tribunal de Orden Público. La razón de que quienes encaminaban la Transición hacia una democracia plena mantuvieran un tribunal central en apariencia poco compatible con los tiempos no fue otra que la existencia de ETA, que requería un órgano jurisdiccional potente y bien protegido, capaz de resistir los embates de aquella violencia exorbitante que no parecía estar dispuesta a cesar en cuanto se consolidara el nuevo régimen. Es, pues, lógico que ahora, cuando ETA ha dejado de matar, surjan voces que piden un replanteamiento del papel de la AN, cuando no su desaparición. Y ello a pesar de que quienes aseguraban que este tribunal no respetaba el derecho al juez natural -al juez predeterminado por la ley- fueron desmentidos tanto por el TC como por la Comisión Europea de Derechos Humanos. Lo cierto es, en efecto, que parece lógico proceder a la actualización de la Audiencia, que hoy ocupa a unas 900 personas y que ha perdido un 30% de su carga de trabajo en los últimos años. No tendría en cambio sentido suprimirla por el solo hecho de la desaparición de ETA ya que ha demostrado sobradamente su eficacia en grandes casos de delincuencia común -corrupción, narcotráfico y falsificación de moneda-, contencioso-administrativa y laboral, así como contra el terrorismo internacional, en que los tribunales ordinarios de instrucción se encontrarían con una insuperable carencia de medios. El actual ministro de Justicia, en sintonía con el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, es partidario de dicha reforma, que pasaría por perfilar mejor el principio de territorialidad en la comisión del delito y el de organización criminal nacional o trasnacional, así como para atribuirle competencia en otros delitos como el tráfico ilegal de personas, la corrupción de menores a gran escala, los delitos contra el mercado y los consumidores, la Hacienda Pública, la seguridad social y los intereses comunitarios. Al parecer, Gallardón pretende incluir esta reforma en la de la ley orgánica del Poder Judicial, que incluye los controvertidos cambios en el Consejo General. En cualquier caso, la modernización de la AN es urgente, sea cual sea el devenir de la reforma política del poder judicial.