Más de medio millón de inmigrantes en situación irregular (573.712, según el INE) quedarán exlcuidos de la cobertura sanitaria pública a partir del 1 de septiembre. El último Consejo de Ministros del curso político aprobó ayer el real decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de la asistencia sanitaria con cargo a las arcas del Estado. Esta medida implica que los 'sin papeles' solo podrán acceder a las urgencias (por enfermedad o accidente), a los servicios de maternidad o a la atención para menores de 18 años. Es decir, tres supuestos de una asistencia básica que los derechos humanos aseguran a cualquier persona.
El real decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad pretende, según Ana Mato, acabar con el abuso que hasta la fecha se hacía de los servicios que ofrece el Sistema de Salud Nacional. Los mecanismos de lucha ideados contra las prácticas fraudulentas que recoge la nueva normativa también están destinados a «frenar el turismo sanitario». Así, se impedirá que España sufrague la asistencia sanitaria a los europeos que ya la tienen cubierta en sus países de origen. Según los cálculos del Ministerio, esto permitirá un ahorro de cerca de 1.000 millones de euros al año.
La normativa finalmente contempla que los mayores de 26 años sin trabajo que se queden sin la cobertura de sus padres sí tendrán asistencia sanitaria, siempre y cuando no superen los 100.000 euros anuales, la renta máxima que se exigirá a las personas que no cotizan para tener acceso a la tarjeta individual.
