Sin embargo, de las 180 plazas que hay en la residencia de La Granadilla, la única pública de la ciudad, actualmente solo están ocupadas 154. Vacías quedan 26 plazas de autónomos (personas que pueden valerse por sí mismas) y 1 para personas dependientes. Pero no hay manera de llenar esas plazas por las renuncias que se producen en verano, como ya ocurrió el año pasado cuando hubo incluso más plazas vacantes, según afirma la directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), Cristina Herrera.
Esta responsable considera «normal» que se produzca esta circunstancia en estas fechas porque los mayores autónomos que esperan entrar en una residencia prefieren pasar los meses de verano con su familia y no dentro de una residencia, lo que les lleva a rechazar el ingreso.
También en las residencias privadas ocurre, pero es menos frecuente. En 'Puente Real', por ejemplo, están al 100% de ocupación. «Es lo habitual», comenta María Jesús Pavo, la directora del departamento de Atención a Residentes y Familiares. «Es muy extraño que tengamos plazas libres. Sí que han aumentado las estancias temporales, sobre todo ahora en verano, pero las permanentes son mayoría y estamos completos».
En esta residencia hay una pequeña lista de espera de alrededor de 15 personas. Para ingresar hay que presentar una solicitud a la empresa responsable del centro, que es completamente privado. La tarifa por ocupar estas habitaciones varía dependiendo del grado de autonomía que tenga el solicitante y de si la habitación es doble o individual, y oscila entre los 1.300 y los 3.000 euros.
Es distinta la situación en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Aunque la ocupación es también del cien por cien, la lista de espera se elabora de otra forma: tienen prioridad aquellos cuya situación personal sea más grave. «No podemos negarle la ayuda a quien más la necesita. Si eso supone que otra persona tenga que esperar un poco más, intentamos acogerle cuanto antes, pero la prioridad se la damos a quien más falta le haga», cuenta sor María Luisa Cano, la directora del asilo. «A nuestros residentes no les podemos pedir mucho, solo lo que puedan darnos de su pensión».
Es muy habitual que se alojen en este asilo personas con Alzheimer. «Estamos preparados para tratar estos casos, aunque no como nos gustaría porque no hay suficiente dinero», se queja sor María Luisa.
Últimamente han aumentado los residentes con esta enfermedad en todos los asilos de la ciudad. Por lo normal, los centros están preparados para acoger a ancianos con dependencias grandes como ésta, pero suele ser mucho más costoso atenderlos.
En la residencia pública de La Granadilla les dedican 68 de las 180 plazas. Cristina Herrera reconoce que son un poco conflictivas, porque de estas 68 plazas solo 62 están ocupadas por personas que ingresaron como dependientes. Este desajuste se debe a que algunos de los residentes que entraron como autónomos pasan a ser dependientes por razones de salud física o mental. En la fase intermedia pueden considerarse semiasistido o semidependiente, pero una vez pasan a ser considerados totalmente dependientes, siguen ocupando una plaza de autónomo aunque sus cuidados sean mayores.
La edad mínima que se coloca como requisito para entrar en las residencias está aproximadamente en los 60 años. En el caso de la Residencia de las Hermanitas, es distinta. Si bien no se altera el requisito, que sigue siendo ese, la edad media de los residentes está cerca de los 87 años. «Aquí no hay recién jubilados», explica sor María Luisa, «nosotros acogemos a personas que por lo habitual están en peores condiciones».
Como norma general, en estos asilos no se acoge a enfermos graves o con patologías contagiosas. «No hay que confundir enfermedad con dependencia», explica Cristina Herrera, directora gerente del a (SEPAD). «La gente es muy dada a confundir estos términos. Ni todos los enfermos son dependientes ni todos los dependientes están enfermos. A la hora de acoger a un anciano hay dos vías, o la Ley de Dependencia y los criterios que ahí se recogen, o el Decreto de Personas Autónomas».
