El conflicto del SES se bloquea

La pugna que protagonizan el Servicio Extremeño de Salud y su personal sanitario no tiene visos de solucionarse a corto plazo ni de manera que no repercuta en la atención a los pacientes. Ayer el consejero, Luis Alfonso Hernández Carrón, propuso un pacto mediante el cual los profesionales no tendrían que soportar el aumento de la jornada laboral en sus carteras. La contrapartida sería un menor gasto propiciado por los empleados del SES en material sanitario, pruebas diagnósticas y medicamentos. Los portavoces de los trabajadores, sin embargo, solo plantean una única salida para empezar a hablar: la retirada inmediata por parte del SES de sus instrucciones. Para analizar el conflicto con perspectiva hay que aclarar algunos puntos. La norma estatal de la que parte la ampliación de la jornada laboral es más una medida que incide en la productividad que en el ahorro, aunque luego este llegue como consecuencia de la primera. El Estado lo único que matiza en la ley de presupuestos es que el cambio de 35 horas semanales a 37,5 «no supondrá incremento retributivo alguno». No dice, pues, que deba suponer ahorro retributivo. Sin embargo, la lógica obliga a que las administraciones empleen esa mayor carga de trabajo para generar ahorros y, con ello, puedan cumplir sus objetivos de déficit con un menor coste en términos de masa salarial. De hecho, la Junta de Extremadura plantea en su plan de reequilibrio económico ahorros de 4,2 (para la administración general) y 22,3 millones de euros (para el SES) por este aumento de la jornada entre julio a diciembre de 2012. Con todo, es cierto que se extiende mucho más en la explicación de la primera cifra que de la segunda: sobre aquella apunta su «incidencia sobre sustituciones y contrataciones laborales temporales, ahora necesarias, para cubrir los excesos de horarios». La deriva que ha adoptado el SES para aplicar esta norma en su personal, a todas luces necesaria, avanza sin embargo por derroteros más delicados. Porque ayer el consejero vinculó dos ideas que, unidas, pueden crear inseguridad en el paciente: el sueldo de los sanitarios y el derroche en material, pruebas diagnósticas y fármacos. No es difícil imaginar que un ciudadano acabe pensando que en un centro hospitalario no le hacen una placa de tórax porque con ello el especialista evita una rebaja en su nómina. O que no le recetan un determinado fármaco por su coste económico, da igual su efectividad curativa. Lo peor es que los médicos están dispuestos a relacionar ambos conceptos: salarios y derroche sanitario. Decíamos ayer en estas mismas páginas que un desencuentro de estas características no debía repercutir en algo tan sensible como la calidad asistencial. Por eso sería conveniente que ambas partes en litigio apartaran de la mesa de diálogo todo aquello que suene precisamente a eso, a un mercadeo de tiritas, aspirinas y análisis de sangre. La Junta de Extremadura tiene el deber de evitar el derroche en su servicio sanitario. Si existe, debe eliminarlo al margen de los horarios de médicos y enfermeros. Si además quiere que los empleados del SES cobren menos que otros funcionarios, debe plantearlo sin meter en medio los servicios médicos. Los colegios de médicos y los sindicatos deberían hacer, a su vez, un ejercicio de sincera autocrítica e imponer su unidad conscientes de la difícil situación económica por la que atraviesa el país y la comunidad; tendrían que proponer medidas que hagan el SES más efectivo, más productivo y menos costoso sin que los ciudadanos interpreten que sus preocupaciones no van más allá de proteger sus nóminas, por legítimo que sea. De otro modo, si este desencuentro se prolonga sin solución, los mayores perjudicados serán sin duda los extremeños.