La palabra es contrainforme. Eso, cuatro contrainformes, es lo que presentará el abogado de
la asociación Cacereños contra el Ruido como un elemento más entre la amplísima documentación que una y otra parte aportarán al caso judicial que enfrenta a ese colectivo contra 16 locales de ocio de La Madrila y tres políticos del anterior gobierno municipal.
Lo que ha hecho la Asociación es medir ruidos, o sea, lo que hicieron los dueños de varios locales el pasado 23 de mayo. En el caso de los bares, esas pruebas, realizadas previa autorización judicial y tanto en el interior de los locales como dentro de algunas viviendas, dieron como resultado que en ningún caso se superaban los niveles máximos de decibelios establecidos por la ley. Y justo lo contrario, es decir, que sí se superan, es lo que concluyen las mediciones realizadas por encargo del colectivo denunciante.
En concreto, han medido el ruido procedente de cuatro negocios (Pasadena Copas, Barroco, Latinos y Down), y a partir de los datos obtenido, los técnicos de la empresa contratada para realizar ese trabajo han elaborado un informe que especifica que en todos los casos, el nivel de decibelios que llega a las casas es superior al tope establecido por la normativa. O sea, procedimientos similares para resultados radicalmente opuestos.
«En nuestro caso, no era precisa la autorización judicial», matiza Eugenio Cuadrado, el letrado de Área Abogados que defiende los intereses de la asociación Cacereños contra el Ruido. Las conclusiones de las pruebas realizadas a petición del colectivo aún no se han incorporado a la causa, un trámite que el abogado cumplimentará en los próximos días.
Más de una hora declarando
Entre el material que formará parte del proceso estarán también las declaraciones de imputados y testigos. En condición de esto último compareció ayer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis uno de los 18 vecinos querellantes. Entró en la sala poco después de las nueve de la mañana, y la abandonó pasadas las diez y media.
En ese tiempo, tuvo tiempo para responder a las preguntas que le plantearon tanto la jueza como tres de los cuatro abogados que estuvieron presentes en la declaración. A ella también accedieron, previo permiso de la jueza, varios dueños de locales denunciados.
Fue más de una hora de declaración, en la que el residente en La Madrila se ratificó en su denuncia. «Ha explicado su situación y ha detallado con claridad los locales que han incumplido», explica su abogado, Eugenio Cuadrado. «Además -añade-, ha mostrado su confianza en el peritaje que harán los técnicos de la Junta de Extremadura».
Esas mediciones, que serán las terceras, están aún pendientes, después de que los técnicos de la administración autonómica solicitarán más datos sobre tipos de licencias de los establecimientos en los que deben estudiar la emisión de decibelios. La previsión es que esas pruebas no se hagan antes del mes de septiembre. Al margen de la fecha, serán las únicas que no se realicen a petición de parte, ya que tanto las de los bares como las del colectivo denunciante han sido realizadas por empresas contratadas por ellos.
Entre los que ayer acudieron a la toma de declaración del vecino en calidad de testigo estaba Ángel Luis Aparicio, abogado de tres de los negocios denunciados. Según su valoración, que contrasta con la de Eugenio Cuadrado, del relato del denunciante se deduce «una importante falta de información en cuanto a detallar la presunta responsabilidad de los locales, que alcanza incluso a la procedencia de los ruidos que supuestamente originan las molestias».
Por su parte, Fernando Rodríguez Rosado, letrado que defiende los intereses de otros dos establecimientos, valora que la declaración de ayer forma parte de la labor propia de la fase de instrucción.
En la declaración también estuvo presente Emilio Cortés, exdecano de la facultad de Derecho de la Uex y abogado de la exalcaldesa socialista Carmen Heras y los exconcejales Miguel López (los dos son ahora ediles en la oposición) y Carlos Jurado.
Los tres estaban citados para declarar el día 23 de este mes, pero no lo harán en esa fecha, después de que las partes acordaran el pasado día 9 aplazar las comparecencias previstas. El motivo fue que el juzgado había recibido del Ayuntamiento una voluminosa documentación sobre licencias, horarios, titularidades y otras cuestiones, que los abogados entienden que conviene estudiar antes de seguir con el ritmo de testificales previsto. De esta forma, la de ayer fue la última comparecencia del mes de julio, dentro de un proceso complejo y que se presume largo.
