Los extremeños pagaremos más por el suministro eléctrico en nuestro recibo de la luz desde hoy. La subida rondará, según cálculos del sector, un 9 o 10 por ciento y afectará a todos los usuarios, ya sean particulares o empresas. El Real Decreto-ley 20/2012 publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado para poner en marcha los nuevos recortes de hasta 65.000 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, introduce varias medidas para la supresión de desajustes entre los costes e ingresos en el sector eléctrico, lo que popularmente es conocido como déficit tarifario (que suma ya 24.000 millones de euros). En una de ellas, la detallada en el artículo 38, «se determina para las comunidades autónomas que graven, directa o indirectamente, las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico, con tributos propios o recargos sobre los tributos estatales, la obligatoriedad de imponer el suplemento territorial en los peajes de acceso y tarifas de último recurso, debiendo ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma».
La ecotasa la pagamos todos
Pues bien, Extremadura aplica una ecotasa a las compañías eléctricas, impuesto que además fue aumentado sustancialmente en las últimas medidas de reequilibrio presupuestario aprobadas por la Asamblea regional. Y lo que el Gobierno ordena ahora es que el montante de ingresos procedente de esa figura tributaria pase a ser costeado no por las compañías, como venía ocurriendo hasta el momento, sino por los propios abonados a través del recibo de la luz: en este caso, por el casi medio millón de clientes existentes en Extremadura. Teniendo en cuenta que esos clientes, familias y empresas facturan en la región cerca de mil millones de euros anuales por la luz -calculan fuentes del sector consultadas- y que la previsión de ingresos por ese concepto tras las últimas medidas de recorte llevadas a cabo en la Asamblea extremeña ascendería a unos 90 o 95 millones de euros, cabe deducir que ese nueve o diez por ciento será el que acabe engordando las facturas que lleguen a casa de los extremeños.
El Gobierno justifica esta medida en el preámbulo del decreto de ayer. Dice que en la Ley 54/1997 se establece que si las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter autonómico o local, al peaje de acceso se le 'podría' incluir un suplemento territorial diferente en cada comunidad autónoma o entidad local. Actualmente, insiste la norma publicada ayer, «la proliferación de distintos tributos sobre las actividades de suministro eléctrico está provocando que las empresas del sector incurran en distintos costes en función del territorio en que se implanten las instalaciones con las consiguientes distorsiones para la unidad de mercado». Y avanza en lo que el Ejecutivo considera la limitación de una imposición injusta: «El hecho de gravar las diferentes actividades eléctricas a nivel autonómico podría implicar que el coste adicional que suponen estos tributos para los sujetos que realizan dichas actividades se traslade a todos los consumidores. Una decisión de este tipo adoptada en el ámbito autonómico afectaría al conjunto de consumidores en el ámbito nacional, en términos que no resultarían justificados». El argumento del Ministerio de Industria viene a plantear que no es razonable cargar a todos los usuarios del sistema eléctrico español los sobrecostes añadidos por tasas autonómicas o locales, sino que deben ser exclusivamente los ciudadanos de cada autonomía los que soporten esa carga adicional.
En el plano de argumentación contrario, el PSOE ha defendido siempre que, puesto que Extremadura es una comunidad netamente exportadora de energía (produce por lo menos cuatro veces más energía eléctrica de la que consume) y acoge además varias infraestructuras de producción con fuerte impacto, como la Central Nuclear de Almaraz, está más que justificada la existencia de este gravamen.
La última subida, unánime
En el Pleno de la Asamblea de Extremadura del pasado 21 de junio se aprobaron distintas medidas para reajustar las cuentas autonómicas a la baja, debido en buena parte a la necesidad de respetar el techo del 1,5% de déficit público para 2012. Como se recordará, se aprobó la subida del céntimo sanitario que se aplica a los carburantes o la creación de un canon sobre el consumo de agua. Junto a ello, la tercera gran medida fue subir la ecotasa a las eléctricas, un gravamen de 0,005 euros por kilovatio producido frente a los 0,0037 en que está establecido ahora y los 0,0042 que quería poner IU. Socialistas e izquierdistas se pusieron de acuerdo en fijarlo en 0,005 y además imponer 700 euros a eléctricas y telefónicas por kilómetro de tendido, poste o antena. El PP se negaba en un principio porque, a su entender -y desde ayer podría decirse que premonitoriamente-, eso haría subir el recibo de la luz a los extremeños, como finalmente va a suceder. Pero el PSOE les convenció de lo contrario diciendo que eso era ilegal ya que la tarifa la fija el Gobierno central para todos los españoles. En efecto, en aquellos momentos era ilegal porque la norma nacional planteaba la 'posibilidad', pero no la 'obligación', de que impuestos como estos acabaran afectando al bolsillo de los ciudadanos directamente. Al final la enmienda mixta PSOE-IU fue aprobada por unanimidad, con 65 votos a favor. Esta elevación de la ecotasa supondrá una recaudación adicional cada año de 20 millones, según calcula el Ejecutivo regional, o 25, según prevé el PSOE.
Concretar la medida
Lo que no queda claro en el Real Decreto-Ley publicado ayer es el modo como las compañías repercutirán ese sobrecoste impositivo en la factura eléctrica de los extremeños. La realidad es que el recibo de la luz está estricta y extensamente regulado, por lo que habrá que esperar al desarrollo normativo que materialice esta subida de la luz. Cabe esperar que, lógicamente, se haga de una manera proporcional, es decir, haciendo que pague más quien más consume.
Para hacerse una idea de lo que supone derivar a los ciudadanos el coste del impuesto, basta con dividir 95 millones de euros (la recaudación prevista) entre un número redondo, aunque aproximado, de clientes finales en la comunidad: 500.000. Esa cuenta sale a 190 euros. No obstante, lo más probable es que haya que aminorar esas previsiones de facturación si son los usuarios quienes cargan con la cuenta y no las firmas energéticas, pues ello desembocará en un menor consumo por el alza de los precios.
