La compañía Red Eléctrica de España ha sometido a información pública la solicitud de declaración de impacto ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad pública, y la aprobación del proyecto de ejecución de una nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kilovatios (kV), doble circuito, denominada 'Se (subestación) Sagrajas- Se San Serván' en la provincia de Badajoz.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 14.982.244 euros, conectará la subestación de Sagrajas, situada en el término municipal de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), con la subestación de San Serván, en el término municipal de Mérida. La finalidad es el mallado de la red de transporte para evacuar la energía de las centrales termosolares, así como dar alimentación en un futuro al tren de alta velocidad.
La línea tendrá una extensión de 29,28 kilómetros y discurrirá a lo largo de cinco términos municipales de la provincia de Badajoz: Pueblonuevo del Guadiana (149 metros), Badajoz (6.591 metros), Valdelacalzada (6.385 metros), Lobón (10.702 metros) y Mérida (5.453 metros).
La declaración de utilidad pública supone, según lo establecido por la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, la ocupación de los terrenos en los que se asentará la línea aérea o la adquisición de los derechos afectados. Para ello, se aplicara del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. El proceso afectará a varios centenares de parcelas de todo tipo. La construcción de la línea aérea afectará a 345 terrenos de los mencionados términos municipales, la mayoría de Lobón (142). Su alcalde, Juan Antonio Morales, se muestra plenamente satisfecho con que el proyecto pase por su pueblo. Y de hecho ha confirmado que no presentará ninguna alegación en contra, porque cree «que es beneficioso para sus vecinos y para toda la comarca».
«Me parece que es importante, no solo para nosotros, también para Extremadura. Porque será una línea con capacidad de evacuación eléctrica para toda la generación que producirán las renovables», valora. Apunta que en la zona hay varios proyectos de termosolares importantes y matiza que «aunque ahora están un poco parados por el tema de las primas, está claro que este tipo de energía es el futuro».
La naturaleza de los terrenos que habrá que expropiar es variada. Algunos son vías de comunicación de dominio público, pero también hay tierras de labor de secano y regadío, frutales, zonas consideradas de hidrografía natural (ríos, lagunas o arroyos) y también hidrografía construida (embalses o canales). Se incluyen también bosques de eucaliptos, viñas y olivares de secano y terrenos improductivos, entre otros.
Entre los propietarios figuran los mismos ayuntamientos de estos términos, organismos públicos como la Confederación Hidrográfica del Guadiana y varias empresas privadas. Pero, sobre todo, hay muchos particulares. El alcalde de Lobón admite que algunos de los afectados pueden no estar demasiado contentos con este asunto. «A los agricultores que les toque tener un poste y que tengan que quitar cinco árboles no les gustará. Pero hay que tener en cuenta que las expropiaciones se pagan, tanto el derecho a vuelo como la ocupación de los terrenos», resume.
En este sentido, Pedro Noriega, alcalde de Valdelacalzada, muestra su preocupación porque la línea de alta tensión se instale en parcelas de regadío. «Estoy en contacto con el aparejador porque lo que no queremos es que afecte a un número elevado de estos terrenos», subraya.
Por su parte, desde Ecologistas en Acción Pablo Ramos opina también que esta línea puede causar perjuicios al sector agrícola. «Hay muchas zonas de regadío y los postes ahí pueden dificultar bastante sus labores. Además, no pueden construir en esos terrenos y siempre hay que tener en cuenta que se crean campos electromagnéticos que está demostrado que no son buenos para la salud», asevera.
Añade además Ramos que son zonas de movimiento de aves acuáticas que se alimentan de los restos que quedan en los cultivos de regadío y que corren peligro de morir electrocutadas.
Los ecologistas defienden que las energías renovables se produzcan siempre que sea posible cerca de su punto de consumo, para no tener que hacer «estas redes tan enormes que tienen tanto impacto, sobre todo paisajístico», sostiene Ramos. Añade también que no parece que tenga mucho sentido que se construya esta línea para 'alimentar' el tren de alta velocidad «cuando todavía no está claro que vayamos a tener uno».
Todos los afectados tienen un plazo de treinta días, contados desde que se hizo público el proyecto el pasado jueves, día 12 de julio, para presentar las alegaciones que se consideren oportunas.
Podrán además examinar el Proyecto de Ejecución y el Estudio de Impacto Ambiental de la instalación en el área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura, situada en la Avenida de Europa, nº 1, planta 6ª de Badajoz. Allí pueden presentar los afectados sus alegaciones, incluidas las procedentes, por triplicado.
El organismo competente para resolver la solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución es la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio de Industria, Energía y Turismo). El competente para hacer lo propio con la declaración de impacto ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
