La luz, más cara en Extremadura

Los extremeños tendremos que pagar más en nuestro recibo de la luz. El hecho no es una novedad, salvo por un detalle: esa subida no se producirá en otras comunidades, no se hará igual en todo el país, pues el origen del aumento en los precios se debe a un tributo, la ecotasa a las eléctricas, que Extremadura aplica a las eléctricas en una cuantía concreta. El Gobierno ha decidido limitar el déficit tarifario nacional a toda costa y ayer, en el real decreto donde se detallan los ajustes de 65.000 millones anunciados por Rajoy, introdujo un artículo mediante el cual obliga a que sean los consumidores de cada comunidad que aplica tasas a las eléctricas los que carguen con el sobrecoste y no las compañías. Eso hará que los 90 o 95 millones de euros que, desde la última subida pactada en junio en la Asamblea, tenían previsto recaudar las arcas públicas regionales a través de este gravamen no los soporten las empresas eléctricas, sino los consumidores. El argumento del Gobierno es que, de no ser así, ese mayor coste de las compañías para sanear las cuentas extremeñas lo estarían subsanando los recibos de la luz de todos los españoles. En sentido contrario, quienes defienden esta ecotasa (cuyo aumento fue aprobado por unanimidad de los tres grupos políticos, PP, PSOE e IU) sostienen que Extremadura produce cuatro veces más energía de la que consume y se ve afectada por el impacto de las instalaciones de generación, como la Central Nuclear de Almaraz. Al margen de unas y otras razones, lo cierto es que esta decisión del Gobierno, si finalmente se lleva a cabo en esos términos, vendría a lastrar aún más la capacidad de los extremeños para sobreponerse a esta crisis y, tan importante o más, supondría un perjuicio notable para las empresas instaladas en la región, pues verían cómo sus costes de producción aumentan sencillamente por estar instaladas en la región. A partir de ahora se abre un debate: ¿debe la Asamblea de Extremadura revocar ese tributo una vez que sabe que, de aplicarse, lo costearán los bolsillos de los extremeños? No es lo mismo sacar adelante una medida impositiva cuando recae en un sector empresarial que cuando lo hace sobre todos los ciudadanos. Aunque el debate de fondo es otro: ¿hasta qué punto una administración puede gravar solo por afán recaudatorio una actividad productiva concreta en términos que alcanzan, como en este caso, prácticamente el 10% de su facturación?