Cristóbal Montoro anunció ayer que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y no ya de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles objetividad, independencia y transparencia en el control de los consistorios.
«Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones», explicó. La medida va incluida en la reforma de la ley de Bases de Régimen Local aprobada ayer. El proyecto restringe la lista de competencias municipales y no le permite añadir otras. La reforma liquida órganos como mancomunidades y pedanías, que, según el ministro, se crearon «para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido». A cambio, las diputaciones provinciales asumirán la prestación de estos servicios y las competencias de los pueblos de menos de 20.000 habitantes, los más beneficiados por los organismos liquidados, que no sean capaces de ejercer por sí mismos.
El Gobierno también reformó la ley Electoral para reducir un 30% el número de concejales, lo que a juicio del Ejecutivo pemitirá «aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas».
