De polémica laboral en torno a un ERE, a batalla judicial. El conflicto mediático entre la UTE concesionaria del Servicio Municipal de Aguas y el Ayuntamiento ha entrado en una nueva dimensión. La de la esfera judicial. La presentación de un recurso contencioso administrativo, ante el juzgado de Cáceres, contra el desestimación -«por inactividad» del Ayuntamiento- a la petición que hizo el nueve de abril para poder garantizar la viabilidad futura de la gestión, no sólo marca una nueva etapa.
También pone de manifiesto que a la decisión de presentar el ERE se llega después de tres meses de esperar, sin éxito, del Gobierno local una respuesta oficial, que no llegó. Ésta habría dado aire a la delicada situación de la compañía, tras dos ejercicios de pérdidas de explotación, provocadas, según fuentes de la UTE, por causas sobrevenidas como el incumplimiento municipal a la hora de pagar la factura de la gestión de la depuradora de residuales (700.000 euros) o de no revisar las tarifas, vista la merma de facturación y abonados y el incremento no calculado de costes.
En abril, la compañía ya advirtió al Ayuntamiento que la no adopción de medidas 'correctoras' era causa de resolución contractual. Una baza que el alcalde se apresuró a plantear como «la única solución» esta semana, después de saltar el ERE a los medios. El recurso presentado al juzgado tiene como objetivo restablecer el equilibrio económico de la concesión, aunque, subsidiariamente, plantea resolver el contrato por inviabilidad económica, caso de no ser atendida por la Justicia la primera petición.
La UTE recurre el rechazo, por silencio administrativo, que el Ayuntamiento hizo a sus peticiones, justo al día siguiente de haberse cumplido el plazo legal de tres meses de ser presentadas. La concesionaria avaló estas ante el Consistorio, con un amplio estudio económico de explotación y resultados y con un informe jurídico de la consultora KPMG que determina que circunstancias imprevisibles y ajenas a la voluntad de la UTE habían provocado la ruptura económica de la concesión, aunque la situación podía ser paliada con medidas correctoras que devolvieran garantía de continuidad al servicio.
Asumir la pendiente revisión de tarifas dentro del contrato, pagar las cantidades y servicios adeudados, ampliar la concesión y redefinir las inversiones resumen las soluciones. El alcalde se niega a todo. Alega que no le corresponde pagar al Ayuntamiento o que supone cambiar las reglas del pliego.
