El Ayuntamiento de Mérida deberá presentar nuevos ajustes al Ministerio de Hacienda para justificar el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En principio, se estima que bastará con cumplir lo recogido en el Plan de Ajuste aprobado el pasado mes de marzo, pero supone un requisito añadido y un nuevo examen para las cuentas municipales.
El Gobierno local tendrá que elaborar un nuevo plan económico-financiero debido a que el avance de la liquidación del año 2011 evidencia un desequilibrio, a lo que se suma el déficit de más de 9 millones de euros contenido en el Presupuesto 2012, aprobado ayer.
Tal como recoge la nueva Ley de Estabilidad, en vigor desde el pasado mes de mayo, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria es obligado elaborar un plan económico-financiero «que permita en un año el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto». Este documento deberá explicar por qué no se ha conseguido el equilibrio o superávit en las cuentas, recoger las previsiones de ingresos y gastos y establecer un calendario de aplicación de medidas para evitar esta situación. Tendrá que estar aprobado en un plazo de un mes a partir del visto bueno de la liquidación del 2011, que pasará ante el Pleno a lo largo del verano.
En caso de falta de presentación, de falta de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda o de incumplimiento del plan económico-financiero, el Ayuntamiento se expone a que una comisión de expertos evalúe su situación e imponga unas medidas a tomar.
Un debate estéril
La Intervención municipal advierte de esta situación en el informe que acompaña al Presupuesto 2012, que ayer fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. También recibió el visto bueno la revisión de las ordenanzas fiscales para este año, que recoge la subida de las tasas del Conservatorio, el autobús urbano y los aparcamientos de Atarazanas y Hernán Cortés.
La sesión estuvo marcada por un debate estéril entre el Gobierno local, que echó en cara al PSOE la situación económica del Ayuntamiento, y los grupos de la oposición, que trataron de centrarse en las cuentas del presente ejercicio.
El portavoz municipal, Fernando Molina, fue el encargado de defender unas cuentas que contemplan unos ingresos de 43,98 millones de euros y unos gastos de 53,05 millones, lo que arroja un déficit de algo más de 9 millones de euros. Como indicó, contemplan los recortes recogidos en el Plan de Ajuste para hacer frente al pago de los créditos para liquidar la deuda con proveedores. «Son unos presupuestos de trinchera para superar los 22,5 millones de euros de remanente de tesorería de las arcas municipales», afirmó.
Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Estrella Gordillo, criticó las medidas adoptadas en personal (amortización de plazas) y la privatización de servicios, que a su juicio no suponen un ahorro real. «Con la excusa de la crisis, hacen un nuevo modelo de ciudad», por lo que apuntó que a partir de ahora el PP no podrá escudarse en la deuda para justificar el resultado de su gestión.
En cuanto al Grupo Mixto, Antonio Vélez, de Siex, señaló que los Presupuestos carecen de inversiones y renuncian a fomentar la ilusión en la ciudad. Álvaro Vázquez, de IU, criticó lo que considera subida indiscriminada de impuestos y ausencia de políticas de empleo. Finalmente, las cuentas salieron adelante con los votos favorables del PP y el rechazo de la oposición.
La revisión de las ordenanzas fiscales también se aprobó gracias a la mayoría del PP en el caso de la tasa del Conservatorio (un 15%), el bus urbano (un 10%) y los aparcamientos en superficie (más de un 40%). Pero contó con el apoyo de la oposición (salvo Siex, que se abstuvo) en la modificación del Impuesto de construcciones, la tasa por licencias de apertura y la de servicios urbanísticos (que se adaptan a las novedades legales que facilitan la puesta en marcha de negocios) y en el Impuesto de plusvalías (sobre el que hay nuevas exenciones).
En cuanto a otros asuntos, los votos del Gobierno local valieron para sacar adelante el reglamento del centro de empresas del Plan Urban y para rechazar una moción de Siex sobre la adecuación de huertos sociales para conceder recursos de abastecimiento a familias desfavorecidas y generar ventas a escala local. El equipo de Gobierno rechaza la medida al estimar, entre otros motivos, que supondría competencia desleal. IU retiró su moción sobre los desahucios para que pueda ser estudiada en profundidad.
