Las protestas en los pueblos siguen e incluso se radicalizan en pleno verano por la reducción en unos casos, y el cierre en otros de las urgencias rurales, pero la posición de la Junta sigue siendo inflexible. No dará marcha atrás en esta medida en vigor desde el 1 de junio, aunque no se cierra a que pueda haber cambios en un futuro «cuando la situación económica mejore», en palabras del titular extremeño de Salud.
Hernández Carrón dijo ayer que respeta las protestas ciudadanas por las reordenación de los llamados puntos de atención continuada (PAC) en Extremadura, una movilización ciudadana que considera se ajusta a un derecho democrático. Sin embargo, insiste en que esa medida entra dentro del conjunto de iniciativas que el Ejecutivo de José Antonio Monago «tiene que tomar para la sostenibilidad del sistema público sanitario».
Para Carrón, el cierre de las urgencias rurales tiene un impacto mínimo dentro de la calidad asistencial que oferta el Servicio Extremeño de Salud. En situación de crisis como la actual, «hay que tomar medidas impopulares», se defendió el consejero.
Sin embargo, reiteró que la decisión del Gobierno autonómico es transitoria y que la intención de la Consejería de Salud y Política Social es restablecer este servicio en cuanto la Junta de Extremadura tenga «la posibilidad presupuestaria» necesaria.
La reducción y/o cierre de PAC afecta a una población cercana a los 30.000 habitantes. Las urgencias cerradas son quince y en seis se han reducido horario.
