Una descomunal deuda por impagos del agua en viviendas sociales de la ciudad genera un enfrentamiento entre la empresa encargada del servicio en Mérida, Aqualia, y la propietaria de los pisos, la Junta de Extremadura. El Ayuntamiento emeritense está en medio de esta polémica, aunque podría llegar más allá y convertirse en protagonista al verse obligado a promover un pleito contra la administración regional.
El problema reside en los impagos del recibo de viviendas sociales repartidas por toda la ciudad. Según ha podido saber Hoy, en algunos casos no se paga desde hace más de diez años, cuando Aqualia se hizo cargo del servicio.
La Consejería de Fomento señala que la deuda asciende a algo más de 800.000 euros, aunque otras fuentes consultadas por este diario elevan la cantidad a cerca de un millón de euros.
Ante la deuda acumulada por los usuarios, la concesionaria del servicio reclama el pago a la Junta de Extremadura como titular de las viviendas. Sin embargo, Fomento asegura que «no es responsabilidad de la administración autonómica, ya que ésta no es la entidad contratante del suministro. Son los particulares, y en este caso los inquilinos, los que dan de alta este servicio y los que lo contratan».
La administración regional recuerda que hace años que solucionó un problema que impedía el corte del suministro a los usuarios morosos. En muchos casos no se podía aplicar esta operación debido a que muchos bloques de viviendas sociales contaban con un contador comunitario. Pero no se podía dejar sin agua a todo un edificio cuando solo había registrados impagos de uno o dos clientes. Por ese motivo, se promovió el cambio a contadores individuales.
«Cada vivienda posee un contador individualizado que la administración instaló hace varios años realizando una importante inversión, a petición de la propia empresa concesionaria del servicio», añade Fomento. Según indica, ahora «es esta concesionaria la que no está realizando la lectura y registro individualizado del consumo de cada vivienda, ni está tomando medidas ante los impagos de sus clientes. De hecho, las estimaciones de suministro que la empresa realiza corresponden a contadores externos».
Interviene el Ayuntamiento
Ante las dificultades para cobrar estos recibos atrasados, Aqualia ha reclamado la intervención del titular de la explotación, el Ayuntamiento de Mérida. La delegada de Hacienda, Begoña Saussol, señala que el Consistorio emeritense ha enviado un escrito a la Junta de Extremadura en el que reclama el pago de los recibos impagados, pero la administración regional ha presentado un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Local, que debe pronunciarse en caso de controversia por cobro de tributos.
Ante esta situación, el Consistorio emeritense debe decidir si da la razón a la empresa adjudicataria o a la administración regional.
Por un lado, Aqualia es la empresa concesionaria de una explotación municipal, y como tal se debe garantizar el equilibrio económico del contrato. Según esta versión, los impagos deben ser asumidos por la administración regional, que es la propietaria de las viviendas. En caso contrario, la compañía podría acabar exigiendo el cobro al Ayuntamiento de Mérida.
Frente a esta postura, la Consejería de Fomento defiende que Aqualia ha tenido tiempo para exigir el cobro a sus clientes, y si no ha tomado las medidas adecuadas (como cortar el suministro) no puede reclamar ahora el pago al titular de las viviendas sociales. Además, se puede estimar que la concesión a la empresa es a riesgo y ventura, lo que supone asumir los costes en caso de imprevistos imputables a la compañía.
El Ayuntamiento de Mérida deberá tomar una decisión, para lo cual se está analizando la situación y recabando los informes técnicos pertinentes. «Hay que estudiarlo en profundidad», apunta Begoña Saussol. La delegada de Hacienda reconoce que, en caso de que se decida actuar contra la Junta de Extremadura, sería necesario plantear un pleito judicial similar al que se puso en marcha para reclamar a la administración regional el pago del impuesto de rodaje.
