Extremeña de Grasas cerrará sus puertas de forma definitiva si se ve obligada a cumplir el expediente sancionador abierto por la administración regional, que establece un año de cese de actividad. La empresa ha recurrido esta orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), por lo que pide que se aguarde a la resolución judicial antes de aplicar la medida. Sin embargo, la Junta de Extremadura mantiene la exigencia de que la fábrica debe clausurarse el próximo 30 de junio.
La empresa solo tiene una semana, pero está dispuesta a agotar los recursos disponibles para evitar el cierre el próximo sábado. Por ese motivo, ayer recordó que el cese de actividad afectará a 70 empleos y que, en caso de que en las próximas semanas haya una resolución del TSJEx favorable a sus intereses, ya sería demasiado tarde para recuperar la actividad.
La Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura notificó el pasado 13 de enero un expediente a la compañía por la emisión de malos olores y por vertidos. La sanción consistía en un año de cierre cautelar y una multa de 100.000 euros.
La firma recurrió, pero el pasado 23 de abril se notificó la desestimación del recurso. Esto suponía el cierre inmediato, pero debido a que era necesario dar una salida al material que guardaba en su interior se decidió dar de plazo hasta el 30 de junio para que concluyera su labor. El 2 de julio ya no puede haber actividad. Para garantizar este punto, el Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria de la Consejería de Agricultura ha debido controlar que desde el 18 de junio ya no acceda más materia prima a la planta.
Postura de la empresa
La compañía apunta que, si se exige el cumplimiento del año de clausura, tendría que cerrar de forma definitiva la planta de Mérida, «poniendo así punto y final a más de 30 años de vida». Aunque poco después llegue una resolución favorable del TSJEx y pueda abrir sus puertas de nuevo, «si Extremeña de Grasas se ve obligada a parar su actividad productiva en Mérida lo hará definitivamente».
«Ésta no es la intención de la empresa extremeña, pero se verá abocada a ello al no poder soportar los costes económicos de mantener a una plantilla al completo sin producir», señala. Por ese motivo, pide que se espere al pronunciamiento del TSJEx «para así evitar el cierre, que ya sería definitivo».
Extremeña de Grasas apunta que aún no ha comunicado ni un solo despido a su plantilla, «pero sí es cierto que el cierre de la empresa pondría en la calle a las 30 personas que trabajan en la factoría», así como a otros 40 puestos indirectos.
La compañía quiere salvar la actividad en la planta de El Prado. El proyecto para construir unas nuevas instalaciones al sur de la ciudad cuenta con la Autorización Ambiental Integrada, un requisito imprescindible, pero este documento, concedido en agosto de 2010, daba un plazo de dos años para concluir las obras de la nueva planta. Así que ya es imposible de cumplir. Y la Consejería de Agricultura apunta que no ha recibido ninguna petición de moratoria al respecto. De modo que, salvo novedades de última hora, Extremeña de Grasas podría estar frente a sus últimos días de actividad.
