Llegó el gran día. Parecía lejano, pero ya está ahí. El calendario se detiene en el 19 de junio y la incógnita sigue sin despejarse. La familia blanquinegra asiste de los nervios a la cita más importante de su centenaria historia. Nada se sabe de la postura que vaya a tomar la Agencia Tributaria, ni siquiera si asistirá a la junta de acreedores convocada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz. Para la aprobación de la propuesta de convenio presentada por el Badajoz se necesita la adhesión del 50 por ciento del crédito ordinario (1.453.456 euros) y Hacienda y Seguridad Social poseen 644.237 y 294.315 euros, respectivamente, por lo que de su decisión dependerá el futuro del club decano de los extremeños. Pero en el Nuevo Vivero no se ha recibido ninguna comunicación al respecto y la tensión se mantendrá hasta el mismo momento en que la jueza reúna a los acreedores presentes.
Tanto ha estirado la incertidumbre que los representantes de la entidad pacense desconocen a qué se exponen. La continuidad del Badajoz, más allá de sus 107 años de vida, está en manos del Estado. A las 10.00 horas de la mañana comenzará el proceso que ha mantenido en vilo a propietarios, empleados, jugadores, acreedores y aficionados desde que el 12 de abril el Juzgado de lo Mercantil publicara en el BOE la convocatoria de la junta.
El primer paso es que la secretaria judicial pase lista para comprobar si hay quórum suficiente. De no haber mayoría no se celebra la junta y automáticamente se dicta una sentencia negativa al convenio como trámite previo a la liquidación de la Sociedad Anónima Deportiva. Para este fatídico desenlace bastaría con que Hacienda no se presentara y eso conllevaría que los acreedores privilegiados -también los propios órganos recaudatorios- no cobren.
Pero de contar con ese mínimo de miembros se explica la propuesta presentada por el club y se procedería a la votación a mano alzada. Para ello se necesitaría el apoyo del 50 por ciento de los acreedores ordinarios. Si el plan de viabilidad del Badajoz obtiene luz verde se dictaría una sentencia favorable y se disolvería el concurso. El club pacense dejaría de estar intervenido judicialmente, habría concluido la misión del administrador concursal y todo el control de la gestión de la entidad volvería a sus propietarios, que tendrían la obligación de cumplir con sus compromisos adquiridos en el convenio. Ese acuerdo recae sobre una cantidad cercana al millón y medio del crédito ordinario mencionada anteriormente, a la que se propone una quita del 85 por ciento a pagar en 30 años de forma transitoria mientras esté en Segunda B. Y a partir de ahí, el Badajoz tendría que negociar con sus acreedores privilegiados, básicamente exempleados y exjugadores y entre los que también están Hacienda y Seguridad Social, para pactar las condiciones de pago de ese crédito que asciende a más de 1.568.000 euros. El crédito subordinado, correspondiente a intereses, demoras y deudas con antiguos socios del club y que suma más 6.639.000 euros, se saldaría al cierre del convenio y también en las mismas condiciones pactadas en el ordinario, aunque con Julio Del Camino, Luis Refolio y el grupo de Uriarte ya existe un acuerdo judicial para su conversión en acciones.
Si el Badajoz salva este 'match ball' le quedarían otros dos. El primero el 30 de junio, para saldar su deuda inferior a los 70.000 euros con la AFE y el segundo el 5 de julio, plazo fijado por la RFEF para presentar un aval de 200.000 euros, según el artículo 105 de su Reglamento General.
