Josefa muestra el recibo que demuestra que este mes ha pagado el alquiler y se compromete a ponerse al día en lo que debe. :: C. MORENO
Pedro Jiménez Silva y Josefa Saavedra Suárez están preocupados. Temen quedarse en la calle cualquier día. Viven en una vivienda social en la calle Olof Palme del barrio de Suerte de Saavedra de Badajoz y sobre ellos pesa un expediente de desahucio por impago de unos 3.500 euros de alquiler. Hasta hace poco tiempo esa sería una deuda incluso pequeña comparada con la que tienen muchos de sus vecinos, pero a día de hoy las cosas han cambiado. Y mucho.
La oleada de desahucios que la Junta está llevando a cabo de manera constante pone en evidencia que la Administración está dispuesta a llevar adelante los 764 expedientes que anunció que tenía abiertos en la región (250 en Cáceres y 514 en Badajoz). Por eso en las últimas semanas la Consejería de Fomento atiende una verdadera avalancha de personas que intentan regularizar su situación para no repetir en primera persona las escenas que han visto en los medios.
La familia Silva Saavedra ha vivido la experiencia muy de cerca. Hace apenas un mes desahuciaron a su vecino del piso de al lado, que era además hermano de Josefa. Aseguran que entienden la razón, no pagaba el alquiler a la Junta de Extremadura. «Él lo comprendió también. Debía más de dos millones de pesetas. Así que se fue sin decir nada», admiten. Pero tanto Josefa como Pedro insisten en que su caso es distinto.
Llevan viviendo en su casa 18 años y pagan 30 euros de alquiler. Cuentan que durante mucho tiempo cumplieron religiosamente con dicha cuantía, pero argumentan que las cosas han cambiado en los últimos años.
Pedro está en paro y tiene 46 años. Trabajaba como barrendero para el Ayuntamiento de Badajoz, pero desde que privatizaron el servicio se quedó en la calle y ahora cobra una prestación de 425 euros. Además busca y vende chatarra y en la temporada de fruta también consigue algún ingreso extra, pero con eso tiene que alimentar seis bocas además de la suya.
Sus dos hijos, con sus respectivas parejas y su nieto de cuatro años viven con ellos y todos están en el paro. Josefa, de 41 años, confiesa que está desesperada. «Tengo ataques epilépticos, depresión y padezco de ansiedad. El otro día me preguntaba el médico si me pasaba algo en particular, porque me vio muy alterada, y le conté que lo que me pasa es una cosa muy gorda con mi piso», relata mientras muestra sus medicinas, que -asegura- le tiene que dar Cáritas o pagárselas su madre.
El matrimonio asegura que su intención es refinanciar la deuda que tienen porque su intención es pagar lo que deben en cuanto tengan un respiro. Su hijo Francisco, que tiene 26 años, también lo tiene muy claro: «Ahora que empieza la campaña de la fruta, estoy seguro de que vamos a poder darle un empujón importante a la deuda», asegura.
Pedro explica que hasta ahora no han podido hacer nada para solucionar el problema del alquiler. «Yo no voy a matar a nadie ni voy a robar para poder pagar el piso», sostiene Pedro, que insiste en que apenas tienen lo suficiente para comer. «Y a mí me da igual pasar un día sin comer, pero a mi nieto me niego a verlo pasar hambre», apunta.
Josefa ha intentado arreglar las cosas con la Consejería de Fomento para parar su expediente y lograr un acuerdo mediante un compromiso de normalizar su situación. «Les conté a los asistentes sociales cómo vivíamos y les dije que no es que no estuviéramos dispuestos a pagar. Y me dijeron que lo pusiera por escrito. De eso hace un mes. Pero todavía no sé nada», dice angustiada.
Por lo pronto, este mes han pagado el alquiler. Pedro se fue a buscar chatarra a Barcarrota y Salvaleón y reunió lo suficiente como para poder hacer frente a ese gasto y poder seguir comiendo caliente.
«Pregunta por nosotros»
Recuerdan que si el argumento de la Junta es que van a desahuciar a aquellos inquilinos más conflictivos, ellos no le dan problemas a nadie. De hecho, cuentan que se llevan bien con todos los vecinos. «Puedes preguntar en la escalera a cualquiera por nosotros. Hasta dinero nos dejamos, si hace falta», asegura Pedro.
Mientras tanto, la Junta sigue adecentando las casas que han sido desalojadas, ya que la mayoría han necesitado de algún arreglo antes de ser ocupadas. El consejero, Víctor del Moral anunció hace pocos días en Twitter que la Junta entregará próximamente las 7 viviendas sociales recuperadas en Badajoz a familias en situación de urgente y extrema necesidad. La Consejería de Fomento ha confirmado que entregará las llaves a los nuevos inquilinos el próximo viernes, 22 de junio.
Al lado de la familia Jiménez Saavedra ya viven otros inquilinos. Tanto Pedro como Josefa aseguran que están encantados con ellos (pese a que lógicamente sienten que sus familiares tuvieran que marcharse). Aseguran que los nuevos ocupantes se han integrado perfectamente en la comunidad.
