Un grupo de jubilados de Herguijuela echa la partida de cuatrola en el Hogar del Pensionista.:: CORDERO
En el hogar del pensionista de Herguijuela suena Manolo Escobar, hay un póster del Real Madrid clavado en la pared, los jubilados echan la partida de cuatrola y hay una bandera de España más grande que la de algunas fachadas oficiales. Para completar el cuadro, un cartel informa de que hay oferta en cervezas: tres por dos. Razón: el fútbol. Se está jugando la Eurocopa y a expensas de que lo haga o no la selección, aquí ya se cumple con lo que canta Bisbal: 'No hay dos sin tres'.
En este ambiente con un aire cañí, Lesmes Chamorro se mueve con soltura. Sale del Ayuntamiento, que es su oficina, y le echa la mano por el hombro a Antonio, que viene del médico, de por unas recetas para su señora. Son las formas del alcalde de Herguijuela (367 habitantes), uno de los cinco pueblos extremeños que viven sin recibir un solo euro procedente del Estado. Les ocurre lo mismo a Santa Cruz de la Sierra, Plasenzuela, Cañamero y Alburquerque.
Todos ellos deben dinero al Gobierno central, que en respuesta, ha dejado de ingresarles lo que les corresponde en concepto de participación en los tributos estatales. Unos deben a la Seguridad Social, otros a Hacienda, alguno a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Incluso los hay que deben dinero a todos esos organismos. La lógica que aplica el Estado es fácil de entender: mientras usted me deba dinero, yo le recorto lo que tengo que darle, y si su deuda es especialmente alta, no le doy nada.
La lista de localidades que dejan de ingresar a causa de su morosidad se actualiza cada mes, de modo que en abril fueron 25 en toda la región las que vieron recortados parcialmente sus ingresos procedentes del Estado, y en mayo, 66. Pero solo hay cinco que en lo que va de año no han visto un céntimo. Cinco alcaldes que saben que a la hora de echar cuentas, no pueden contar con el Estado. Bueno, sí, pero no para recibir, sino para ir pagándole lo que le deben.
Una de ellas es Herguijuela, probablemente uno de los pueblos extremeños con un edificio consistorial más bonito. «Compramos la finca a los franciscanos, en 1983, y la rehabilitamos entera», cuenta Lesmes Chamorro, socialista, alcalde desde hace 29 años, los primeros veinte sin sueldo, asegura.
Él llegó al cargo en mayo de 1983. Y la primera noticia que recibió fue un estacazo en el bolsillo municipal. «No llevaba ni dos meses y nos llegó una retención del cincuenta por ciento en la cantidad que teníamos que recibir del Estado», cuenta ahora. Han pasado casi tres décadas, pero lo sigue recordando bien. «Me fui a Cáceres a informarme -relata-, y me dijo el funcionario: 'Deben ustedes casi siete millones de pesetas por no haber pagado la Seguridad Social de trabajadores pasivos'. O sea, los jubilados. Y entonces yo le pregunté: '¿Y se debe algo por los activos?' Y el hombre me dijo: 'Es que en el Ayuntamiento de Herguijuela no tienen ustedes trabajadores activos'».
Con tal mensaje, el novato Lesmes llegó al pleno municipal y contó lo que le habían dicho en la capital. Aún no ha olvidado la cara que se le quedó al alguacil y al administrativo. Desde entonces, lo de la deuda con el Estado es una losa que castiga cada mes las cuentas del ayuntamiento de Herguijuela, un pueblo que sin embargo, vive una situación idílica en comparación con otros.
El caso extremo
Por ejemplo, con Plasenzuela (507 habitantes), a media hora en coche de Cáceres en dirección a Trujillo. Allí, el agujero es extraordinario: 1.800.000 euros a la Seguridad Social y 200.000 euros a Hacienda. «Eso más o menos, la cifra exacta no la sabe nadie», previene Adrián González, ganadero de profesión y alcalde por la Agrupación Electoral de Plasenzuela desde julio del año 2008.
«Yo la deuda ya me la encontré al llegar, y la estoy pagando», advierte el regente, que sale del despacho para preguntarle a un funcionario por cuánto anda el presupuesto municipal de este año. «No son 300.000 como le dije, son unos 500.000 -precisa-, y lo que dejamos de recibir por la deuda son unos 8.400 euros al mes». O sea, 100.800 euros al año, o lo que es lo mismo, una quinta parte del presupuesto.
En el caso de Plasenzuela, estamos ante una enfermedad con un pronóstico oscuro. «Desde que yo entré -advierte el alcalde-, estamos pagando unos tres mil euros al mes en Seguridad Social, no dejamos de pagar ni un céntimo, pero es que el Estado nos aplica un veinte por ciento de recargo por la deuda y unos intereses del 5,5 por ciento, y lo que pasa es que vamos pagando los intereses, pero la deuda sigue subiendo».
La situación es un círculo vicioso. Y con repercusión evidente sobre el día a día de los paisanos. «Al ser morosos, no podemos recibir subvenciones del Estado, ni de la Junta ni de la Diputación, no podemos recibir dinero del Aepsa y por tanto no podemos crear empleo por esa vía, no tenemos dehesa boyal porque en su día se vendió, no podemos abrir la biblioteca porque no hay dinero para pagar la luz, la casa de cultura sólo puede abrir por la mañana, cuando hay luz natural. Es desesperante». Más aún: el Consistorio paga un crédito a La Caixa, otro al Santander y un tercero a Caja de Extremadura. En total, algo más de 10.500 euros mensuales. En este panorama, los únicos servicios públicos que funcionan en Plasenzuela son el colegio, el consultorio médico y el Ayuntamiento. «No tenemos más ingresos que el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el alquiler por el edificio de la residencia de ancianos, que la gestiona una empresa», se lamenta Adrián González.
La polémica de los habitantes
El panorama no es tan negro en Cañamero (1.751 vecinos), entre Logrosán y Guadalupe. Debe unos 50.000 euros del ejercicio de 2011 a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a la que está abonando la deuda que mantenía relativa al año 2010.
Sobre un presupuesto anual de un millón y medio de euros, ser moroso con el Estado le cuesta unos 19.000 euros al mes (226.000 al año). «No recibir ese dinero supone un trastorno porque todo lo que nos llegue es bien recibido, pero no descuadra demasiado las cuentas, la verdad», resume Carlos Bravo, alcalde socialista y diputado provincial. «Tenemos asumido que a lo largo de este año no vamos a recibir nada del Estado», admite el alcalde. Ahora, el Consistorio está pendiente del plan de ajuste, que les han rechazado «por un defecto de forma», afirma el alcalde.
Los casos de Cañamero, Santa Cruz de la Sierra, Herguijuela, Alburquerque y sobre todo, Plasenzuela, representan el ejemplo más preocupante de los problemas de financiación que padecen casi todas las administraciones locales. La mayoría de los ayuntamientos han visto reducidos sus ingresos, mientras aumentan sus gastos porque la sociedad demanda más servicios.
Esta realidad fue con la que se topó Lesmes Chamorro nada más llegar a la alcaldía. «Como casi todos los pueblos -reflexiona-, me encontré con que aquí no había apenas nada, y se nos presentaban dos opciones: hacer recortes para afrontar la deuda, hipotecando años y años de inversiones, o intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos». En su caso, optó por lo segundo. Y asegura no arrepentirse. «Lo primero que hicimos -recuerda- fue construir un consultorio médico, porque hasta entonces la consulta se pasaba en una habitación del edificio del Ayuntamiento».
El muro al que se enfrentaron fue la deuda. «Al llegar, era de once millones, cuando este ayuntamiento tenía por entonces un presupuesto anual de siete millones», especifica el alcalde. Una de las primeras decisiones fue pagar los atrasos tanto del alguacil como del administrativo.
Desde el año 1993, no reciben dinero del Estado, con el que mantienen una deuda de 600.000 euros, de los que unos 200.000 corresponden a intereses. Cada mes, de las cuentas municipales salen en torno a 4.000 euros con destino al Gobierno central. «No nos ha quedado más remedio que ceñirnos a un plan de ajuste que ha incluido una subida de impuestos importante», avanza el alcalde, que a diferencia de otros muchos en su misma posición, no tiene reparos en detallar lo que hace con la caja del Ayuntamiento.
«Hemos subido el impuesto de la basura un cien por cien -detalla-, y hemos actualizado el inventario del IBI, porque había viviendas que no aparecían y otras estaban tasadas muy por debajo de la realidad».
La actualización del padrón de viviendas rústicas llevaba esperando desde los años setenta, y tanto esa como las otras medidas han procurado al Consistorio de Herguijuela un respiro económico apreciable. Tanto como que el presupuesto anual ha pasado de 400.000 a 600.000 euros. «Por poner un par de ejemplos -ilustra Chamorro-: había viviendas tasadas en 10.000 euros y que ahora están en 50.000, y había una finca de mil hectáreas que no pagaba ni 200 euros». «Además -continúa-, no me parece justo que haya vecinos que paguen religiosamente los impuestos de su vivienda desde hace años y años, mientras otros que tienen fincas mucho más grandes, y que también usan como primera residencia, no paguen nada o muy poco simplemente porque no se ha actualizado el padrón».
Toda esta reforma sobre fincas, terrenos y propietarios explica que en las paredes del despacho de Lesmes Chamorro estén clavados tres mapas del término municipal salpicados de colores. Le sirven para explicar a los vecinos por qué tienen que pagar más impuestos.
Debajo de esos tres mapas hay una maqueta. Es del proyecto de reforma integral de la finca que compraron a los franciscanos. Una hectárea de terreno que ha dado para hacer una piscina que tiene una pinta estupenda, una amplia cancha polideportiva y un parque con máquinas para que los mayores hagan ejercicio. También, para habilitar el consultorio médico. Y la vieja almazara se ha convertido en el animado hogar del pensionista. «Hace veinte años, nadie quería trabajar en este ayuntamiento porque no sabían lo que iban a cobrar ni cuándo, y ahora, todo el mundo quiere», resume. En los años de bonanza económica, la administración local llegó a emplear a 25 paisanos. Ahora son 14.
La política de la supervivencia ha llevado al ayuntamiento de Herguijuela a hacer realidad lo que en otras localidades se queda en una declaración de intenciones. «Aquí funcionan con energía solar el colegio, el centro de ocio, el nuevo ayuntamiento, y a partir del año que viene, funcionará con energía solar el alumbrado público». Cuando se dé este último paso, el ahorro en la factura de la luz será de unos 30.000 euros anuales, calcula el alcalde, que también confía en que la Junta de Extremadura aporte el dinero que hace falta para que la residencia de ancianos pase de tener 20 a 32 plazas.
A pesar de los avances, Chamorro no elude que deber dinero al Estado tiene consecuencias. «Esa deuda nos crea problemas -reconoce-, el principal de ellos que no podemos acceder a determinadas subvenciones».
Su homólogo de Alburquerque (5.619 habitantes) afirma que no recibir dinero del Estado les obliga «a hacer un esfuerzo mayor en el día». Ángel Vadillo, que está acampado frente al Ministerio de Industria en Madrid para protestar por la retirada de las subvenciones a los proyectos de energías renovables, explica que cuando él llegó a la alcaldía hace 17 años, adeudaban al Gobierno central «3,5 millones de euros, y ahora, algo más de uno». «Pero es que el Estado debe a Alburquerque 26 millones de euros de deuda histórica, porque nos paga 13 euros al mes por habitante, cuando a Madrid le paga 34, sin que haya razón ninguna para que esto sea así». De hecho, Vadillo cree que los ayuntamientos deberían reclamar judicialmente estas cantidades, y anuncia que él va a hacerlo.
El pago a proveedores
Según apunta el alcalde, el presupuesto anual de Alburquerque está en torno a los cuatro millones de euros, y deber dinero al Estado supone dejar de ingresar unos 300.000 euros. «La única Seguridad Social que ha abonado el ayuntamiento de Alburquerque es la que se paga desde que yo soy alcalde», asegura Ángel Vadillo, que vaticina que «con el plan de proveedores va a pasar lo mismo que está pasando con la deuda con el Estado». No obstante, él mantiene que esta cuestión de la morosidad con el Gobierno central «no es lo que más preocupa a Alburquerque en este momento». Lo importante, en su opinión, es lo que le mantiene en Madrid sin comer (asegura estar en huelga de hambre desde hace una semana). «Después de ocho años de trabajo -reflexiona-, la retirada de las primas a las renovables va a echar al traste los 35 millones de euros que iba a recibir el municipio, y miles de empleos».
A la alcaldesa popular de Santa Cruz de la Sierra (278 habitantes), al pie de la autovía A-5 entre Trujillo y Miajadas, no le preocupa deber dinero al Estado. «Lo de no recibir ayuda estatal -previene Belén Corredera-, yo no lo noto para nada porque no lo he cobrado en ningún momento desde que empecé como alcaldesa, hace ocho años». «Nos retienen unos 30.000 euros al año -detalla-, la deuda viene de los años setenta por impagos a la Seguridad Social, pero ahora hay de todo: Confederación, Hacienda.».
La postura que ha tomado el Consistorio ha sido ir abonando lo que está en su mano, de manera que la deuda «va bajando poco a poco», apunta la alcaldesa. «Ahora mismo pagamos casi más intereses que capital», resume Belén Corredera, que no despega los pies del suelo a la hora de mirar hacia el futuro. ¿Acabará Santa Cruz de la Sierra de pagar algún día su deuda con el Estado? «Sí -responde-, pero eso lo verán mis biznietos, o mis tataranietos si los llego a tener».
