Los colegios extremeños no podrán cambiar los libros de texto en un plazo inferior a seis años. Así pretende que sea la Junta de Extremadura, que ha elaborado un proyecto de decreto que modifica el de 2005, según el cual los centros docentes no universitarios podían cambiarlos cada cuatro o cinco años.
Se trata de una medida de ahorro que el Gobierno regional justifica por razones de eficacia y en el hecho de que «no se hayan producido cambios considerables que afecten al contenido del material», según se recoge en el documento. No obstante, se deja la puerta abierta al cambio en un período inferior siempre y cuando exista imposibilidad de adquirir el material por falta de distribución o si su contenido se altera de forma considerable por la evolución científica.
La medida ha sido bienvenida por las asociaciones de padres que la interpretan desde el prisma del ahorro que supondrán para la economía familiar.
Los sindicatos han sabido verla también en este sentido, aunque desde los educativos se apuntan como 'peros' la premura con la que se ha adoptado la medida, a tan solo dos semanas para que acabe el curso, y el riesgo de que mantener el mismo material durante seis años pueda ser poco alentador para los enseñantes.
Quienes más tienen que perder, en cualquier caso, son las editoriales, que verán dilatarse el cambio de textos respecto al plazo que viene rigiendo hasta ahora, con la pérdida económica que supone.
Desde Concapa, la confederación católica de padres de alumnos, su portavoz Rafael Ramos, aplaude sin ambages la medida y propone que si es necesario ampliar o mejorar contenidos sobre los textos existentes, se haga echando mano de la tecnología y de la experiencia del profesorado, con apuntes complementarios, por ejemplo.
Tanto desde UGT como desde CC OO sus representantes en educación, Miguel Salazar y Tomás Chaves, destacan el ahorro doméstico que va a suponer, «no solo para las familias sino también para la administración, que va a poder mantener los préstamos de libros durante un año más», dice el último.
Desde el sindicato del profesorado extremeño PIDE, su presidente, José Manuel Chapado, reconoce lo que supondrá de ahorro familiar, pero considera que la medida tendría que haberse anunciado con antelación en los centros «porque a estas alturas tienen planificados los libros para el próximo curso y en muchos casos deberán cambiarlos de nuevo para ajustarse al decreto».
Educativamente negativo
Las respuestas más críticas a esta decisión llegan desde ANPE y la sección de educación de CSIF. El secretario de comunicación del primero, Saturnino Acosta, cree que la única explicación posible de esta medida «es el ahorro significativo que va a suponer a la administración educativa, que solo tendrá que reponer los libros deteriorados que los centros educativos notifiquen».
Al mismo tiempo, considera que en potencia supondrá un perjuicio para los docentes que consideren inadecuado para su alumnado y la realidad educativa de su centro el material con el que trabajan, porque no podrán cambiarlo.
«Entendemos que debe ser el propio centro el que decida razonadamente el cambio de material», apunta.
Por su parte, Manuel Pascual, presidente de enseñanza de CSIF, cree que seis años es un período demasiado largo, «sobre todo para materias como Conocimiento del Medio, que están cambiando constantemente». Abogan, además, por la gratuidad del material que sea imprescindible para seguir la enseñanza obligatoria.
