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El TSJ entierra definitivamente el proyecto de urbanización de Olleta

CÁCERES

El TSJ entierra definitivamente el proyecto de urbanización de Olleta

Considera ajustada a derecho la renuncia del Gobierno regional al PIR que en 2007 preveía un residencial de 3.600 viviendas y el traslado de la cantera

08.04.12 - 00:31 -
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Primero fue la Junta de Extremadura, en julio de 2007, la que dio marcha atrás en su propio proyecto y renunció a seguir adelante con el PIR (proyecto de interés regional) de Olleta que había aprobado inicialmente solo unos meses antes, en abril. Luego, la propia crisis del ladrillo haría hoy inviable su desarrollo. Y, por último, los tribunales de justicia acaban de pronunciarse sobre esta iniciativa urbanística para sentenciar que la renuncia al PIR fue una decisión ajustada a derecho.
El proyecto de urbanización de 3.600 viviendas en los terrenos de la cantera de Olleta, entre la falda de la Montaña y la carretera de Medellín, pasó al olvido hace cinco años, pero es ahora cuando los tribunales lo han enterrado de modo definitivo al rechazar el recurso contencioso planteado por los empresarios que formaban parte de la operación, como propietarios de parte de los terrenos y titulares de la industria extractiva que, precisamente, se tendría que trasladar a otro lugar con la puesta en marcha de la urbanización.
Los empresarios, los hermanos Olleta, presentaron un recurso contra la decisión de la Junta de Extremadura, en julio de 2008, de no atender su reclamación de que el PIR aprobado inicialmente en abril de 2007 siguiera adelante con la aprobación provisional y después definitiva. Los recurrentes reclaman incluso indemnización por daños y perjuicios al no continuarse la tramitación y piden 35 millones de euros. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en sentencia del pasado 29 de febrero, rechaza el recurso y certifica que la renuncia de la Junta al PIR de Olleta es una decisión ajustada a derecho y, además, que no hay ni incumplimiento ni perjuicio a los empresarios denunciantes.
En su sentencia los magistrados del TSJ hacen un detallado repaso de este PIR, anunciado en junio de 2006 por la Agencia de la Vivienda de la Junta de Extremadura, presidida entonces por Javier Corominas. Este proyecto se anunció, en principio, con una previsión de 5.100 viviendas, y se presentaba como solución al «conflicto largamente generado», es decir la existencia de la cantera como barrera para el desarrollo de la ciudad de Cáceres, y también como forma de obtener suelo para edificar viviendas a precios asequibles por parte de la Junta de Extremadura. En la sentencia se repara en ese «conflicto largamente esperado», como se recoge en el convenio inicial firmado por los empresarios de Olleta y la Agencia de la Vivienda en marzo de 2007, previo a la aprobación inicial del PIR.
El proyecto fue presentado en el Cáceres por todo lo alto en enero de 2007, con la presencia de un arquitecto estrella, el portugués Álvaro Siza, que con cuenta con el Nobel de la Arquitectura (el premio Pritzker) y está considerado como de los profesionales más prestigiosos del mundo. El equipo de Siza había prediseñado una urbanización concebida como una «pequeña ciudad», en principio con casi 5.000 viviendas (luego rebajadas a 3.600), con zonas verdes, dotaciones comerciales y un auditorio para 37.000 espectadores, que se relacionó con la candidatura de Cáceres 2016. Así, la Agencia de la Vivienda resaltó entonces que este proyecto «además de eliminar la degradación ambiental, la brecha y el obstáculo que supone la cantera», sería una importante aportación al proyecto de Cáceres 2016 con la construcción del auditorio con posibles usos en festivales como el Womad.
Sobre la desaparición de la «brecha» de la cantera, en la sentencia se recuerda que, en realidad, esta actividad industrial había sido objeto de orden de cierre por parte del Ayuntamiento por carecer de licencias municipales. Además, el Consistorio inició acciones judiciales para reclamar como suelo municipal parte del terreno ocupado por la empresa Olleta. Así, los magistrados reconocen en su sentencia que cuando los promotores privados de la operación firman el convenio con la Junta ya sabían que había sentencias judiciales, esta misma sala del TSJ, que certificaban la ilegalidad de su explotación. Una primera sentencia de febrero de 2007 fue incluso ratificada después por el Supremo.
Además, la Sala de lo Contencioso del TSJ reconoce los argumentos de las alegaciones que presentó el Ayuntamiento contra este PIR y afirma que este instrumento de gestión de la Junta no puede ir en contra de la planificación de las corporaciones locales: «una prudente política de ordenación aconsejaría no hacerla a espaldas de la misma corporación, cuyo informe no cabe tildar de arbitrario».
El Gobierno municipal de entonces, en la etapa del alcalde Saponi, se opuso a la urbanización por considerarla una «barbaridad» y una invasión del planeamiento municipal, que contemplaba esos terrenos como no urbanizables y de protección. Además, después el Ayuntamiento comprobó que los empresarios de Olleta ni siquiera son propietarios de parte de ellos, la finca El Tinajón, por lo que inició una reclamación judicial de la finca invadida y también ordenó inspecciones para comprobar el cierre de la industria, la última en 2008. Sin embargo, Olleta todavía continúa con su actividad.
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La empresa Olleta sigue abierta en los terrenos de la falda de la Montaña, a pesar de que existe orden de cierre de la cantera por carecer de permisos municipales. :: LORENZO

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