La existencia de algún discapacitado en la familia o el nivel de renta económica no serán públicos a partir de ahora en la pugna que se establece antes de cada curso por obtener plaza escolar en los colegios más demandados. El Consejo de Gobierno de la Junta reunido ayer aprobó cambiar el decreto de admisión de alumnos, y se mantiene en ese aspecto el texto propuesto en diciembre pasado por el Consejo Escolar de Extremadura y al cual no ha puesto reparos el Consejo Consultivo.
El decreto, que viene de 2007, se modifica para dar cumplimiento a la ley regional de Educación del año pasado, y seguir recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos en ese terreno de la confidencialidad en la información sensible que afecta a las familias.
A partir de la próxima convocatoria de esta primavera, los padres cuando hagan la solicitud de plaza escolar podrán escoger entre que su puntuación se haga pública como un total, o detallada en los seis criterios que se valoran.
Son hermanos ya matriculados en el centro, proximidad del domicilio o lugar de trabajo de los padres, rentas anuales de la unidad familiar, discapacidad en el alumno o algunos de sus padres o hermanos, familia numerosa, o la existencia en el alumno de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio (los dos últimos criterios se introducen como novedad).
Solo si hay alguna reclamación, y se presenta por escrito y motivada, las autoridades educativas informarán a los interesados de la puntuación detallada obtenida por el alumno reclamado.
Esta política de protección de datos se adopta sobre todo a raíz de conflictos como el surgido en Andalucía por una puntuación por discapacidad.
La Consejería de Educación y Cultura asegurará la escolarización inmediata de los alumnos y alumnas que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género, violencia doméstica o acoso escolar, e igualmente facilitará que los centros educativos presten especial atención a dichos alumnos, así como aquellos que sean víctimas del terrorismo.
Para acceder al segundo ciclo de Educación Infantil en centros docentes sostenidos con fondos públicos se debe participar en un proceso general de admisión.
En la escolarización no puede establecerse ningún tipo de discriminación por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de sexo, raza o nacimiento, ni se exigirá la formulación de declaraciones que puedan afectar a la intimidad, creencias o convicciones, ni ninguna otra condición que suponga en la práctica una dificultad real en la admisión de alumnos.
