Llevan un año y casi tres meses en la cárcel de forma preventiva, mientras la fase de instrucción judicial todavía está por concluir. El caso de la menor madrileña retenida y explotada sexualmente en Arroyo de San Serván, que saltó a la escena pública en diciembre de 2010, mantiene a siete de sus once imputados, todos rumanos, en diferentes prisiones del país. Mientras, los otros cuatro, vecinos de este municipio próximo a Mérida, están en libertad a expensas de que se celebre juicio. La tramitación del juzgado de instrucción 1 de Montijo se ha ralentizado tanto que la Audiencia Provincial ha forzado el levantamiento del secreto de sumario para que puedan tener acceso al mismo las partes implicadas. Una petición reiterada por parte de la defensa de uno de los imputados arroyanos.
Un auto del 28 de octubre, notificado un mes más tarde, de la sala tercera de la Audiencia con sede en Mérida obligó al juzgado montijano que se levantara un sumario con unos 700 folios que contiene información básicamente acerca de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, análisis médicos y las declaraciones de los imputados y la menor. En el procedimiento están personados como acusación particular la Junta y el Ayuntamiento de Arroyo desde el inicio de las actuaciones.
A expensas de la calificación de los hechos que realice la Fiscalía, que no será antes de primavera según fuentes judiciales, se les podría imputar los delitos de agresión sexual, prostitución, corrupción de menores y detención ilegal de la menor. La sala tercera de la Audiencia será la encargada de sentenciar.
Mientras tanto, lo que es seguro es que el juzgado mantiene, un año y dos meses después, la prisión provisional para los siete rumanos. En varias ocasiones han pedido la libertad provisional, pero se les ha denegado. Cinco de ellos pasaron el 22 de diciembre de 2010 primero por los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz y, después a las celdas de la prisión provincial.
Días después, la Benemérita detuvo a otros dos compatriotas, entre ellos Florin L., el rumano de 22 años del que se enamoró (o encaprichó) la menor. Según ha sabido HOY, están repartidos por las prisiones de Morón de la Frontera (Sevilla), Huelva, Ocaña (Toledo) y Badajoz. La legislación mantiene la prisión provisional hasta un máximo de dos años, aunque en casos excepcionales se puede ampliar.
El inicio del caso se remonta a principios de octubre cuando la menor conoció a Florin y accedió a dejar su domicilio en Madrid para venir con él a Arroyo de San Serván. Allí fue retenida y obligada a prostituirse durante dos meses. De esta forma, a su llegada a la región, lo que podía haber sido una aventura romántica o una travesura adolescente se convirtió en una pesadilla infame y en un escándalo social.
Los padres de la joven alertaron el 6 de octubre a la Policía Nacional de su desaparición, con una denuncia en la Comisaría del distrito de Chamartín. No era la primera vez que la chica se marchaba de casa -algo que empezó a hacer en 2009- pero, en esta ocasión, su destino fue otro bien distinto y su voluntad en todos los sentidos fue secuestrada. El 4 de diciembre, un policía local, que actuó desarmado porque carecía del permiso de Alcaldía para llevar pistola, accedió a una casa de la calle La Sierra, la del número 71, y la liberó. A partir de ahí arrancó un proceso que podría ver la celebración del juicio a finales de 2012.
