Urbanismo municipal ha puesto las miras en los Rostros-II, una finca que ha sido parcelada ilegalmente. El Ayuntamiento tiene prácticamente listo todos los preparativos para derribar 23 construcciones levantadas ilegalmente de forma subsidiaria, inicia el procedimiento y ordena a los propietarios que demuelan otras 38 y en la última inspección han comprobado otras ocho o nueve actuaciones urbanísticas que mandarán tirar próximamente.
Tanto las viviendas como la parcelación son ilegales, según han determinado los jueces en un largo proceso administrativo y judicial que dará sus primeros frutos con los derribos.
También tramita eliminar de nuevo las infraestructuras de la urbanización Los Rostros-I, como ya hizo en 2005. Pero no son estas fincas las únicas, desde Urbanismo tratan de controlar una docena de urbanizaciones ilegales surgidas de parcelaciones proindiviso de terrenos sobre los que no se puede construir. En los Rostros se trata de suelo no urbanizable con una especial protección de carácter estructural agrícola pecuario. No se refiere solamente a chalés o viviendas, si no también a los cobertizos, cuartos de aperos o gallineros.
El jefe de Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Víctor Montero de Espinosa, es claro: «La voluntad municipal es que se llegue hasta las últimas consecuencias». Es decir, los derribos. El Ayuntamiento pretende evitar así la proliferación de núcleos dispersos en terrenos rústicos, a los que después -en el caso de que se legalizaran algún día- tendría que llevar los servicios municipales y cargar las arcas públicas con su coste.
El Boletín Oficial de la Provincia publicó esta semana las notificaciones a doce propietarios de la finca proindiviso de los Rostros-II, ya que tienen domicilios desconocidos o no se les ha localizado.
El proindiviso es la copropiedad de todos los titulares, de forma que no está permitida la parcelación de los terrenos y esas propiedades supuestamente divididas no se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad. La copropiedad implica también que todos deberán hacer frente a los derribos, y reunir entre todos los 77.000 euros que reclamará el Ayuntamiento al hacerse cargo de las demoliciones de las 23 primeras edificaciones.
Una vez terminados los expedientes administrativos y con la vía legal agotada dando siempre la razón a Urbanismo, el Consistorio adjudicará el derribo a una empresa. La notificación del expediente señala que informarán a los interesados del día y hora del derribo, al igual que contarán con auxilio de la Policía Local.
Ya han terminado los pasos previos -que son los más lentos- y al Ayuntamiento solo le queda contratar la actuación. El expediente de ejecución subsidiaria permite a los propietarios realizar alegaciones, pero solo de carácter técnico al proyecto de demolición y no permite ya entrar al fondo de la cuestión. Todos los expedientes están resueltos a favor del Ayuntamiento.
Otras 38 construcciones
Por ahora, el Ayuntamiento puede derruir 23 edificaciones, pero no las 38 descubiertas hace dos años ni tampoco las ocho advertidas en las últimas semanas.
El Consistorio comenzará ahora el proceso para demoler esas 38, ya que la resolución conocida ahora pone fin al expediente administrativo y ordena a los propietarios que las eliminen ellos mismos. Se les manda que restituyan la legalidad y les da un plazo de un mes para ello.
También les avisa de que el Ayuntamiento puede acordar la suspensión del suministro de los servicios de gas, agua, electricidad y el desalojo y precinto de los inmuebles. En este caso sí que pueden interponer un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz en el plazo de dos meses. También tienen un mes para interponer un recurso de reposición ante este expediente de restitución de la legalidad.
