El precio de algunos metales se ha disparado en el mundo debido al aumento de la demanda en países como China y otras economías emergentes, y al agotamiento de las minas en explotación. De pronto muchos yacimientos abandonados, decenas de ellos en Extremadura, han recobrado interés económico y los empresarios han apremiado a la Junta a no desaprovechar la ocasión.
Hay suficiente investigadores locales, que conocen el terreno y confirman la rentabilidad de los filones, y empresas interesadas en atesorar esta riqueza y ponerla en el mercado que además cuentan con la posición y financiación internacionales necesarias, empresas que en su mayor parte son extranjeras.
El problema es que en esta carrera mundial por el abastecimiento de metales se requiere rapidez por parte de las autoridades administrativas, en este caso la Junta, en cuya mano está la concesión de los permisos de investigación y posteriormente de explotación. Y esa agilidad es la que reclaman investigadores como los extremeños de Quercus Exploraciones y Minas, o Fernando de la Fuente, director del nuevo proyecto para la extracción de wolframio en Almoharín.
La Junta tarda actualmente un mínimo de tres años en conceder solo el permiso de investigación según Francisco Corbacho, administrador de Quercus, «y eso es muchísimo». Pero el plazo puede alargarse hasta cuatro o cinco años cuando lo razonable no sería más de uno, confirma su compañero De la Fuente.
El problema es que con esos plazos las empresas inversoras interesadas en la explotación abandonan, se van a otra parte. Y no es una cuestión de legislación, sino de medios técnicos que pone sobre la mesa la Administración, explica De la Fuente. La lentitud burocrática también se apodera del trámite de caducidad en los permisos, aquellos que se solicitan para acaparar terreno pero no se ejercen.
Francisco Corbacho, de Quercus, tuvo oportunidad de plantear este problema semanas atrás al presidente de la Junta, José Antonio Monago, cuando le recibió junto a sus socios canadienses que van a explotar la mina de estaño de Pedroso de Acim.
El Ejecutivo extremeño parece dispuesto a reaccionar. «Nuestro plan es agilizar al máximo todos los procedimientos para que las empresas se encuentren el camino lo más allanado posible», anuncia Miguel Córdoba, director general de Ordenación Industrial y Comercio, que reconoce que los trámites en minería son «extremadamente largos» y se tardan años en dar un permiso de investigación debido a las licencias de patrimonio, ambientales y de todo tipo que se requieren.
Caducado desde 1995
La otra faceta del problema son los permisos concedidos pero no aprovechados y que deberían caducar para dar paso a empresarios realmente interesados. Córdoba se ha encontrado con bastantes expedientes por tramitar en caducidad, algunos muy antiguos, del año 1995 o 1996 «que deberían estar caducado pero hacen cualquier actividad y lo reactivan».
Su departamento ha iniciado una 'limpieza' de papeles para sacar terrenos al mercado minero, un plan urgente para en seis meses hacer un avance importante en expedientes de caducidad, «y que esté libre todo lo que esté en nuestras manos sacar al mercado». En estos momentos hay abiertos 23 procesos de caducidad, y se iniciarán otros 45 como mínimo.
El objetivo es aprovechar una riqueza disponible en estos momentos de derrumbe de otros sectores económicos. La minería extremeña factura anualmente 180 millones de euros, el uno por ciento del PIB regional, pero la aparición prevista dentro de 18 meses de la mina de estaño de Pedroso de Acim añadirá ella sola otros 125 millones, un 0,7 adicional al PIB extremeño.
Si la Junta limpia el atasco burocrático hay 60 indicios interesantes para otras tantas investigaciones de los cuales 30 son seguros y solo ellos proporcionarían 600 empleos en la fase inicial de exploración, detalla Francisco Corbacho, administrador de Quercus Exploraciones y Minas.
«Vamos a sacarle todo el partido posible, favorecer a toda empresa que quiera establecerse aquí y generar riqueza y puestos de trabajo, en el sector minero hay un nicho importante de actividad», abre la puerta el director general Miguel Córdoba.
El sector tiene que estar mejor aprovechado que hasta ahora porque la mina de estaño al final «genera tantos empleos como una refinería sin darnos cuenta».
