El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, analizan la reforma laboral. / Paco Campos (Efe) | Atlas
Semanas antes de haberse aprobado, la reforma laboral que se sabía traía el gobierno de Rajoy bajo el brazo ya daba que hablar. El viernes se detallaron las medidas que incluye la octava reforma laboral en España desde 1980. Entrará en vigor tras su trámite como proyecto de ley. Pero ya existen opiniones para todos los gustos. A los sindicatos no les gusta nada, pues no han contado con ellos para redactarla y prevén que traerá conflictividad, no puestos de trabajo. Los empresarios creen que era necesaria, pero tampoco la ven como una solución a corto plazo, sino más bien como un espaldarazo psicológico. Algunos incluso creen que ya es tarde.
El secretario general de UGT en Extremadura, Francisco Capilla, no está nada de acuerdo ni con las formas ni con el fondo de la reforma laboral recién aprobada «porque tal y como se ha hecho vulnera el derecho de consulta e información a los agentes sociales; y es que nunca antes se ha aprobado así una reforma de este tipo en este país», dice Capilla, para quien el el texto es «muy negativo».
En su opinión, con este abaratamiento del despido pierden derechos los trabajadores y además no se generará empleo. «El propio presidente Rajoy cuando decía que en 2012 crecería el desempleo lo estaba reconociendo, y es que hasta que no se estimule la economía no se va a crear empleo, por eso en UGT ahora mismo estamos descorazonados».
Preguntado por cuestiones positivas del real decreto aprobado por el gobierno del PP, Capilla sí ha detectado cuestiones que se han cogido de acuerdos previos entre sindicatos y patronal ya negociado, «como algunas medidas para dar flexibilidad a los empresarios»
A Comisiones Obreras ni siquiera los artículos que se refieren al despido de los directivos de los bancos que sean destituidos, que tendrán acotada su indemnización, le parece algo positivo en una reforma que el secretario de Formación y Empleo de este sindicato, Miguel Coque, califica de bochornosa. Por eso lo relativo a los banqueros le parece un guiño populista que representa una nimiedad comparada con el calado del resto del documento.
Parafraseando al ministro de Economía, Luis de Guindos, Coque la define como «extremadamente agresiva» y cree además que la reforma laboral es la esencia de la desnaturalización de la negociación colectiva «porque no tiene sentido que los sindicatos nos enteremos por los medios de comunicación».
Según Coque, provoca diferencias territoriales, ya que no es lo mismo Navarra que Extremadura «y en una estructura productiva como la nuestra, con empresas más pequeñas, la reforma laboral afectará más negativamente». En cualquier caso, «el tiro del Gobierno va en dirección opuesta y en vez de generar empleo, lo va a precarizar y dará más facilidades para el despido. Supongo que Emilio Botín, presidente del Banco Santander, estará muy contento porque con menos beneficios que el año anterior podrá despedir a sus trabajadores con veinte días de indemnización».
En opinión del representante de CC OO, es insultante la desaparición de la tutela administrativa de las instituciones en los ERE y que se permita abandonar la tutela pública a la que se sometían las empresas de trabajo temporal, ahora convertidas en agencias de colocación.
Además, critica que denominen contratos indefinidos a contratos de pruebas de doce meses. «O sea, que a partir de ahora le llamamos indefinidos a los contratos de once meses y veintiocho días, ¿no? Como no se puede devaluar el euro, este gobierno ha devaluado el valor del trabajo», resume Coque, que augura una primavera movida y conflictiva debido a que la gente va a perder el miedo. «Los efectos van a ser un descalabro porque esto va a servir para echar a miles de personas y si no hay liquidez circulante ni moderación salarial asistiremos a una falta de confianza generalizada por el bajo consumo».
«No hay tanta novedad»
No obstante, no todas la valoraciones son tan extremas. El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Badajoz, José Manuel Giraldo, que trabaja además como asesor laboral en Fiecco y, si bien sabe del interés que despertaba esta reforma porque sus clientes le consultaban en qué podría cambiar la situación, tras un primer análisis observa que no representa tantos cambios respecto a la norma que ya se aplicaba. «Hay cosas que se ven como novedad, pero en realidad ya se podía despedir a 33 días si el empresario se acogía a una cláusula y el trabajador lo firmaba».
Según su experiencia, las nuevas fórmulas de despido «preocupan sobre todo en la pequeña empresa, que cuando tenían que deshacerse de un trabajador se descapitalizaban». Sobre si creará empleo, Grimaldo cree que primero deberá haber una reactivación económica porque lo que se sabe del texto «no es tan atractivo como para volverse locos contratando gente».
No obstante, Grimaldo prefiere ser prudente y esperar a los sucesivos reglamentos que emanen del texto legal. Opina que para estas iniciativas los gobiernos deberían contar con la opinión de profesionales del derecho del trabajo «porque estamos a pie de calle y asesoramos al 80% de las pymes de España».
Por su parte, Jorge Franco da la visión desde una gran empresa. Director de recursos humanos en Cafés Delta en España, donde esta firma tiene 340 trabajadores, opina que esta reforma será buena para el futuro «porque sus efectos comenzarán a notarse a medio plazo, con más derechos para los trabajadores y poder a los empresarios para que puedan cambiar las condiciones de trabajo en caso de crisis y evitar así el despido. Está claro que era necesario adoptar un nuevo plan que ayude a eliminar la elevada tasa de desempleo y nos acerque más a Europa», decía nada más conocer los detalles de lo aprobado el viernes en Consejo de Ministros.
«Insufla un cierto optimismo a la deprimente situación en la que está Extremadura y, sobre todo, es importante en lo que tiene que ver con intentar mitigar el paro juvenil», añade en positivo Jorge Gruart, presidente de la Asociación de Empresarios de Mérida.
Sin embargo, hay otro grupo de empresarios que apelan a la prudencia cuando no al descreimiento respecto a las bondades automáticas que pueda generar. Un ejemplo de esta postura la representa el placentino Alonso Giménez, que regenta un negocio de muebles. «No es un aliciente para crear empleo y llega tarde. La crisis es tal que esto está muy difícil para levantarlo y no desde luego con una reforma laboral», subraya.
Giménez pone voz a la opinión de que la reforma laboral de Rajoy no tendrá una incidencia real tanto a la hora de contratar como a la hora de despedir. Tener trabajo -dice- incentiva el consumo, «y está claro que todo lo que sea en beneficio de crear consumo está bien. El problema es que esta reforma llega tarde. También se ha hecho por decreto y las cosas por decreto [el decreto será sometido al trámite parlamentario de un proyecto de ley, según anunció el viernes la ministra Báñez] no gustan generalmente. Suelen ser reformas a medias porque hay derechos adquiridos que deberían cambiarse y no se hace por parte de los políticos», finaliza.
«Cuando se habla de perjudicados hay que decir que el mayor es aquel que está en su casa y no tiene trabajo. Y a esa persona le da igual la indemnización. Lo único que quiere es trabajar», resume Alberto Hernández, director de recursos humanos y asesor jurídico de Grupo Herrera, en Puebla de la Calzada, una de las principales empresas extremeñas que ha superado un concurso de acreedores.
Defiende una reforma laboral que no le parece «ni una revolución ni un cambio tremendo». Entiende que el Gobierno tenía que haber ido más lejos, «ahondado en el modelo austríaco que ya se apuntaba en otras reformas, lo que hubiera contribuido a hacer más contratos». Un modelo que, en el caso de indemnización por despido, no incrementa los costes para los empresarios. El sistema austríaco es un fondo de capitalización que se dota mes a mes para acumular poco a poco una futura indemnización. Permite al empresario ir apartando pequeñas cantidades para evitar un desembolso gravoso en caso de despidos. Se le denomina la mochila o la hucha porque el empleado carga a su espalda el capital acumulado independientemente de donde trabaje. Se lo lleva con él si cambia de empresa y lo dispone en todo o en parte en caso de abandono de su puesto o de formación para el reciclaje. Si no ha sido utilizado, al final de la vida laboral sigue intacto.
«Con esto no se acaba la reforma. Lo grueso está pero quedan matices por desarrollar como los contratos. No puede haber cuarenta tipos. Se necesita simplificación», agrega Rafael Sotelo, gerente de la promotora cacereña Pronorba, quien ve como fundamental los incentivos para contratar a jóvenes.
El asesor de empresas y abogado emeritense Eduardo Guardado pone mesura. «La reforma no es una medida decisiva pero sí importante, al menos en el aspecto psicológico del empresariado», resume Guardado, quien aporta un análisis a la hora de valorar, por ejemplo, lo que supone la aprobación de un despido más barato.
Con la rebaja por despido improcedente, al empresario que contrate a partir de su entrada en vigor va a costarle lo mismo despedir a un indefinido que lleve 16 años en la empresa que a otro que lleve 40.
Guardado aplaude especialmente el que se concreten las causas del despido procedente. «Clarifica el panorama tanto para presentar demandas como para resolverlas».
