La refinería proyectada por Alfonso Gallardo ha dado de sí cientos de páginas de periódico. Las declaraciones del industrial jerezano el pasado viernes, con las que resumía su postura diciendo que esa instalación dependía para salir adelante de la Junta de Extremadura, han significado un último aldabonazo de primer orden. Por cierto, los que el jueves escuchamos en persona sus palabras vivimos un momento periodístico de los que escasean: un escurridizo protagonista que se presta por sorpresa y a pecho descubierto a responderlo todo sin argumentario, sin límite de tiempo, sin otra defensa que un lapicero cincuenta veces afilado... ¿Qué salió de todo ello? Un presidente señalado con el dedo y con la responsabilidad de que esta planta de refino vea la luz algún día. Él argumentó, también el viernes, que un gobernante no debe condicionar un trámite administrativo tasado. Cierto. Aunque también lo es que su formación quiso hacer en 2007 exactamente lo contrario. Carlos Floriano, entonces presidente popular en Extremadura, dijo: «El único partido que puede parar la refinería de petróleo es el PP». El interesado manoseo político al que se somete casi cualquier iniciativa de envergadura en Extremadura puede convertirse, a la postre, en la tumba de la refinería. Ahora bien, si al final hay o no factoría, si la declaración ambiental es positiva, negativa o condicionada, si por ello el Grupo Gallardo resulta o no reforzado económicamente, pase lo que pase, nadie podrá echarle la culpa al señor Monago, que acaba de salir a escena en un vodevil que dura ya nada menos que siete años. Porque si Gallardo tiene derecho a dirigirse así y ahora a quien cree que puede favorecer políticamente el proyecto, el presidente goza hoy exactamente del mismo derecho para ceñir su impulso político a la firma de un documento que dice textualmente: «Debido a la inquietud existente en la región con respecto a este proyecto y nuestra delicada situación en materia de empleo, se solicita al Gobierno de España un pronunciamiento inmediato».