Sus defensores lo achacan a presiones políticas intolerables y sus detractores a su inviabilidad. Sea verdad una cosa o la otra, lo cierto es que la Refinería Balboa tiene el récord de tramitación burocrática más lenta.
Han pasado ya ocho años y ocho meses desde que el entonces presidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra anunciaba en la Asamblea el proyecto. Desde entonces se han sucedido el cruce de toneladas de papeles, acusaciones mutuas, manifestaciones ciudadanas y sobre todo muchos incumplimientos, alguno de ellos verdaderamente flagrantes. Tres ministros de Medio Ambiente han pasado por el cargo sin dar una solución. El cuarto, Miguel Arias Cañete, ha prometido una para este mes.
Destaca por ejemplo la afirmación que José Luis Rodríguez Zapatero hizo en 2008 en Badajoz durante la campaña electoral de ese año. «Guillermo, sabes que puedes contar conmigo para traer la refinería», gritó en un pabellón de La Granadilla atestado de simpatizantes. Ya el año pasado, Rosa Aguilar, en aquel momento titular de Medio Ambiente, prometía que la instalación tendría un sí o un no en dos meses, hacia el mes de abril.
No fue ni mucho menos el único plazo que no se cumplió. Gallardo solicitó la autorización para construir en junio de 2005. Tras pasar la fase de consultas previas presentó el informe de impacto ambiental, que constaba de más de 5.000 folios, en enero de 2008.
El informe pasó por el correspondiente periodo de alegaciones, de forma que quedó registrado en el ministerio de forma definitiva en octubre de ese año.
Con la ley en la mano, Gallardo debería haber tenido su veredicto en enero de 2009, tres meses después. Pero desde entonces el Ministerio ha pedido información complementaria al menos en media docena de veces.
Cada vez que esto sucedía, los plazos quedaban suspendidos de forma automática y además el contador se ponía a cero de nuevo.
La explicación oficial que dio el Grupo Gallardo en un primer momento era que la enorme complejidad del proyecto obligaba a 'trocear' su estudio. De manera que Medio Ambiente analizaba una parte, pedía aclaraciones, luego pasaba a otra, y así sucesivamente.
Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación aseguraron a este diario que, además de la presión de los movimientos antirefinería en Extremadura y en Andalucía, otra de las causas que hizo al Gobierno extremar sus requisitos fueron las alegaciones que hizo el Gobierno portugués. Esa circunstancia complicaba mucho los trámites, puesto que la instalación podía ser denunciada con más facilidad en Bruselas.
Pero la comprensión que el industrial jerezano mostró en un principio se tornó en reproches con el tiempo. Estalló en enero del año pasado, cuando denunció que la ampliación de las refinerías de Huelva y Cartagena se habían comenzado a tramitar más tarde y por aquel entonces ya se habían realizado.
El último retraso conocido llegó el pasado julio, cuando este diario adelantó que dos errores técnicos retrasaban cuatro meses más el fin de la tramitación. Luego llegaron las elecciones, y el Gobierno saliente prefirió dejar la decisión al entrante.
La postura de los partidos políticos en este tiempo ha sido por su parte oscilante. Guillermo Fernández Vara, que gobernó la región hasta el pasado verano, combinaba los mensajes conciliadores con las críticas más directas al ministerio.
También ha cambiado el PP, aunque de otra manera. El anterior líder regional del partido, Carlos Floriano, era radicalmente contrario, y llegó a asistir a alguna manifestación de protesta. José Antonio Monago varió la postura oficial y se mostró a favor. Tras las elecciones volvió a girar, aunque más levemente, debido a que necesitaba los votos del IU para ser presidente. Su último posicionamiento es que respetará lo que diga el ministerio, aunque la Junta no participará económicamente en el proyecto.
