Fernández Vara y Pedro Escobar unieron ayer sus votos para instar al Gobierno central a seguir apoyando las energías renovables, y que se puedan cumplir las previsiones extremeñas de instalaciones termosolares, eólicas y de biomasa. El Partido Popular se desmarcó del acuerdo porque se negó a emplazar al Ejecutivo a que fije un plazo para la reanudación de las subvenciones a esas energías.
El PP aprobó por la mañana en el Congreso de los Diputados una paralización provisional de nuevos proyectos renovables con prima al kilovatio, hasta que se fije una solución al déficit tarifario de las compañías eléctricas.
Por la tarde en la Asamblea de Extremadura y por 33 votos a favor del grupo socialista más los de Izquierda Unida, frente a 32 en contra del grupo popular, se acordó dar un toque de atención al Gobierno central para que entre otras cosas pueda cumplirse el acuerdo por el desarrollo energético sostenible de Extremadura (Adese) 2010-2020.
Ese plan resulta imposible si no se levanta la moratoria aprobada ayer en Madrid.
En el Parlamento extremeño hubo ayer un doble debate sobre el particular, primero compareció el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía para explicar las gestiones hechas por el Gobierno regional, y posteriormente se debatió la propuesta de pronunciamiento presentada por el grupo socialista.
Tanto el consejero de Energía José Antonio Echávarri como el presidente de la Junta José Antonio Monago, éste fuera del hemiciclo, criticaron el real decreto ley del Gobierno Rajoy que frena momentáneamente este tipo de energías. Según números de Echávarri supone la paralización de 500 expedientes de proyectos de instalación, y una pérdida de 5.000 millones de euros en inversiones, que proporcionarían 12.000 empleos durante la construcción de las plantas y luego 1.700 fijos mientras durase su vida útil.
Una vez que el decreto fue aprobado ayer por las Cortes en Madrid, la Junta ha optado por buscar vías de solución como son explorar algunos apartados del mismo, u otro decreto anterior de noviembre. El grupo popular estaba dispuesto a votar en la Asamblea si a la propuesta del PSOE, y apoyada también por IU, se le añadían cuatro puntos: que el Gobierno concrete la duración de la moratoria, permitir el enganche a la red de pequeñas instalaciones que vendan su electricidad, y hacer sendas excepciones en Extremadura con la biomasa y la termosolar de alta eficiencia. Pero el consenso se estropeó porque no quiso ponerle plazos al Ejecutivo de Rajoy.
