Ni enchufismo ni trato de favor. Cinco de los siete conserjes de colegios públicos de Mérida que fueron despedidos el pasado año por el Consistorio emeritense reclaman al Gobierno local que se retracte de las acusaciones vertidas contra la forma en que accedieron a sus puestos o bien que aporte pruebas al respecto.
La delegada de Recursos Humanos, Leonor Nogales, culpó la semana pasada al anterior Gobierno local del PSOE de «haber hecho contratos de forma irregular incumpliendo con los principios de igualdad, mérito y capacidad» en el caso de los conserjes de los colegios. Por ese motivo, afirmó que «podríamos estar ante un caso claro de enchufismo y trato de favor hacia unos trabajadores en detrimento de otros».
Ante estas declaraciones, los cinco conserjes citados, que se han unido en un pleito contra el Ayuntamiento, recuerdan que en el verano del año 2007 se convocaron unas pruebas para acceder a diez plazas de conserje. Se presentaron 205 aspirantes, y el 31 de julio se publicó el resultado de un proceso en el que se tuvo en cuenta los méritos obtenidos como trabajadores del Consistorio durante corporaciones anteriores, gobernadas por el PP. De esa forma, consideran probado que accedieron a sus puestos gracias a un examen, no por ningún favor político ni enchufe.
Los conserjes consideran que están siendo víctimas de una práctica de «acoso y derribo» y que no se ha tenido en cuenta la valoración de su trabajo por parte de los directores, los profesores y las asociaciones de padres de alumnos.
Además, apuntan que en ningún momento se les notificó la finalización de su contrato en julio de 2011. Por ese motivo, regresaron a sus puestos de trabajo en septiembre. Poco después, y mediante la Policía Local, les entregaron el escrito de despido. También critican que no hayan tenido un trato directo con la Delegación de Recursos Humanos y que las únicas noticias sobre su futuro laboral les llegaron a través de los medios de comunicación.
