Primer choque entre el Gobierno local y la Policía Local por la nueva jornada laboral. El equipo de Gobierno culpa a los agentes de boicotear la celebración del fondo popular Don Bosco, que tuvo lugar el pasado domingo, mientras que los sindicatos estiman que el Ayuntamiento no supo organizar un evento que solo se podía cubrir con agentes del turno ordinario.
Los sindicatos de la Policía Local (SPPME, CC. OO., CSI-F y UGT) consideran que el consejero de Seguridad Ciudadana, Manuel Balastegui, y el superintendente de la Policía Local, Francisco Guerrero, demostraron su incapacidad para «la organización de un evento con un servicio ordinario de trabajo». Las centrales han aportado unos vídeos en los que se ve a los corredores pasando por calles abiertas al tráfico de vehículos.
También afirman que «hubo llamadas de ciudadanos de Mérida que no fueron atendidas por orden directa del superintendente, aludiendo a que todas las patrullas se encontraban en dicha prueba».
Por su parte, Balastegui asegura que solo hubo una llamada que no se atendió con carácter de urgencia y que se trataba de un ciudadano que solicitaba la retirada de un vehículo de un vado. En cualquier caso, se prestó asistencia en veinte minutos.
En cuanto a otros avisos, afirma que resultaron ser mentira. Cita el caso de un accidente al que se desplazó una unidad y que en realidad «era una falsa alarma». Asimismo, señala que los transmisores estaban inutilizados porque algún agente se encargó de dejar el emisor permanentemente abierto con música de radio, con lo que no se podían recibir las órdenes. También sostiene que hubo vehículos particulares de agentes que se introdujeron en el circuito de la prueba para entorpecer su desarrollo. A su juicio, esto demuestra que hubo un boicot contra la celebración de la carrera, que se organizó «como se realiza normalmente».
Los representantes sindicales rechazan estas acusaciones, que califican de «injuriosas y calumniadoras», ya que consideran que se produce «la imputación falsa a la Policía Local de la comisión de un hecho que la ley tipifica como delito».
Balastegui no quiere enfrentamientos con la Policía Local, pero defiende que debe «cumplir con su obligación» y acatar la nueva jornada laboral de 37 horas y media semanales, lo que ha supuesto la eliminación del complemento de especial dedicación. Aunque reconoce el recorte, afirma que los agentes «son unos privilegiados».
En caso de que no se pueda cubrir el trabajo con los turnos ordinarios, el Gobierno local pedirá la colaboración de la Policía Nacional para labores de vigilancia en eventos extraordinarios.
Quejas de Protección Civil
Por otro lado, los mandos de Protección Civil estudian presentar denuncia en la Comisaría de Policía Nacional por amenazas recibidas por policías locales durante el desarrollo de la prueba.
Según explica Tomás Gómez, responsable de la entidad en Mérida, varios agentes «insultaron a los voluntarios», a quienes acusaron de querer quitarles el trabajo y de «jugar con el pan de sus hijos». También señala que hubo policías locales grabando a los miembros de Protección Civil (hasta 31 participaron en tareas de control en la prueba), y que cuando pidieron que dejaran de hacerlo no hicieron caso.
