Inversiones millonarias, jugosos ingresos para el Ayuntamiento, decenas de puestos de trabajo. Todo ha quedado en el aire tras la aprobación del decreto del Gobierno que deja en suspenso la concesión de primas a las energías renovables. Cuatro proyectos que pretendían implantarse en el término municipal de Mérida, tres plantas termosolares y un parque eólico, se verán afectados por la medida, aunque aún mantienen la esperanza de seguir adelante. Por el contrario, la planta de biomasa que promueve la empresa Ence no corre peligro y seguirá adelante sin problemas.
El proyecto más adelantado entre los afectados es el de una central termosolar en la zona de El Escobar. La empresa Fotowatio inició en 2009 la tramitación para una planta con una inversión prevista de 200 millones de euros y 50 megavatios de potencia. Estaría situada entre Mérida y Arroyo de San Serván. El Ayuntamiento debe ingresar un 2% del coste del proyecto en concepto de canon urbanístico y en torno a un 4,3% del presupuesto de obra civil por el Impuesto de Construcciones. Aunque es difícil estimar una cantidad precisa, ya que suele haber bonificaciones, la anterior Corporación esperaba recibir por estas vías en torno a 7 millones de euros.
Sin embargo, la termosolar de Fotowatio no llegó a inscribirse en el registro de preasignación del Ministerio de Industria, por lo que se verá tocado de lleno por el citado decreto. La empresa señala que está estudiando la nueva norma «para tomar decisiones sobre este proyecto», que cuenta con una tramitación muy avanzada en materia ambiental y de asignación de redes de evacuación.
La prudencia es la tónica general de las empresas que se ven afectadas por el decreto. Es el caso de Torresol Energy. Su proyecto Parsolex contempla la construcción de cuatro centrales termosolares de 50 megavatios de potencia cada una, dos ubicadas en Mérida y dos en Usagre, con una inversión total de 960 millones de euros (240 por planta). Para ello, emplearía una tecnología pionera en el mundo, consistente en un campo de espejos que reflejan la radiación solar en un receptor situado en lo alto de una torre. Por ese punto circulan sales fundidas, que alcanzan una temperatura de 565 grados y que se utilizan para generar vapor de agua y mover una turbina.
Enrique Sendagorta, presidente de Torresol Energy, entiende que la suspensión de primas es una medida que será temporal. En todo caso, defiende que los nuevos proyectos deben contar con las mejoras necesarias para producir energía a un menor coste.
«Estamos seguros de que los promotores termosolares que no apuesten radicalmente por la innovación tecnológica se quedarán fuera de las futuras oportunidades», afirma Sendagorta. Por ese motivo, confía en los proyectos para Extremadura, que cuentan con una tecnología puntera. «Esperamos que la moratoria renovable en España dure muy pocos meses y podamos poner en marcha nuestro proyecto Parsolex muy pronto».
La última iniciativa empresarial ligada a las energías renovables en darse a conocer y que ahora también corre peligro fue el parque eólico de la empresa Magtel Renovables en la Sierra de Machal, un enclave del término emeritense situado entre La Nava de Santiago, Puebla de Obando y Cordobilla de Lácara. La firma inició el pasado año la petición de permisos para poner en marcha una instalación con 19 molinos y una capacidad de generación de 17,9 megavatios. La inversión no se ha dado a conocer.
La compañía promueve un total de 138,6 megavatios eólicos en Extremadura y 190,62 en Andalucía. Como reconoce, todos los proyectos se han visto afectados, «ya que están priorizados por los gobiernos autonómicos pero aún no preasignados por el Ministerio de Industria». En principio, seguirá adelante con la larga tramitación que requieren estas instalaciones a la espera de que la situación se normalice, «bien porque el ministerio revise la decisión que ha tomado al conocer la repercusión que está teniendo la medida en el sector, o bien porque la propia inercia del sector eólico acerque los precios de la tecnología (más madura que en el resto de las tecnologías renovables) al precio de la energía en el mercado, permitiendo su desarrollo sin necesidad de primas».
Biomasa sigue adelante
Por el contrario, el decreto del Gobierno no afectará a la construcción de una planta de biomasa por parte de la multinacional Ence. En este caso, la actuación sí entró en el registro de preasignación, por lo que tiene garantizada la prima.
La empresa ha confirmado a Hoy que el proyecto sigue adelante sin problemas y que la construcción comenzará previsiblemente en primavera. Las obras estaban previstas para comienzos de este año, pero ha sido necesario modificar el proyecto por unas cuestiones técnicas. Pero la financiación está casi cerrada y la central será una realidad en poco más de un año, ya que los trabajos tendrán una duración de nueve a doce meses.
La planta tendrá una potencia instalada de 20 megavatios. El presupuesto de ejecución material ronda los 26 millones de euros, pero la inversión global pasa de 50 millones de euros. La compañía estima que por cada megavatio el impacto sobre la economía local se traduce en una media de 20 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Es decir, 400 en total.
La planta de biomasa de Mérida forma parte de un plan de expansión de Ence, que pretende construir más centrales en distintos puntos del país. En estos casos, como aún no han accedido al registro de preasignación, sí quedarán en suspenso. Pero en la capital autonómica extremeña se mantendrá la inversión, una buena noticia tras el parón de las renovables.
