Las autoridades extremeñas aún están calculando el golpe que supone el real decreto del Gobierno de Rajoy que, hace hoy nueve días, suspendía por sorpresa las ayudas a las energías renovables. La moratoria tiene una duración indeterminada y, precisamente por esta inconcreción, puede espantar importantes inversiones en la región, donde la abundancia de horas de sol y el bajo precio del suelo estaba permitiendo la proliferación de centrales solares a un ritmo imparable y había empezado a tramitar posibles instalaciones de parques eólicos, otra fuente de energía alternativa que no ha llegado aún a las sierras de Extremadura.
Según la patronal de las centrales termosolares, Protermosolar, los efectos indirectos del bloqueo a las ayudas afectarán negativamente a empresas de obra civil, de cableado, calderería, a ingenieros y empresas de servicios como controladores, supervisores de obras y consultoras que se habían especializado en este campo. Cuando en abril de 2011 gobierno, patronal y sindicatos firmaron el acuerdo para el desarrollo energético sostenible de Extremadura 2010-2020, el cálculo era que las instalaciones de energías renovables crearían más de 26.000 empleos en este periodo.
En un plazo más corto, hasta 2015, las estimaciones realizadas por la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía hablan de una inversión que se dejaría de llevar a cabo de aproximadamente 5.000 millones de euros. En puestos de trabajo, teniendo en cuenta la fase de construcción, que dura 24 meses, dejarían de crearse unos 12.000 empleos entre directos e indirectos; mientras que en fase de operación y mantenimiento de las centrales durante la vida útil de las instalaciones se pierden 1.700 empleos totales al año, según la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.
Riqueza en algunos pueblos
Además, ya hay ejemplos en la geografía extremeña de pueblos que se han transformado gracias a los cánones que ingresan por esta actividad, mientras que durante la construcción de la instalación cientos de vecinos han alquilado casas vacías y los hosteleros han servido miles de menús a trabajadores llegados de todas partes de España, pero sobre todo de los alrededores, lo que demuestra parte de la riqueza que han generado en los últimos años las energías renovables en Extremadura, aunque se trate de un impulso efímero, lo que dura la construcción de la planta.
Pero hay más riqueza derivada de las plantas fotovoltaicas y termosolares, ya que cada instalación ocupa cientos de hectáreas en muchos casos y la obra civil suelen ejecutarla empresas constructoras de la zona justo en un periodo en el que la actividad inmobiliaria ha descendido al mínimo, por lo que acondicionar estos huertos solares en su fase inicial era uno de los pocos balones de oxígeno que quedaban a este sector.
Después hay que colocar estructuras metálicas. Imedexsa, una empresa extremeña creada en 1979, había evolucionado para surtir de estructuras metálicas a los promotores de estas plantas, ya que tiene experiencia en fabricación de estructuras metálicas de usos eléctricos, como torres de tendido. Empezó con un centro de trabajo en Casar de Cáceres y ahora tiene una segunda factoría en Santiago del Campo, dando empleo en total a 170 personas. Debido al reciente decreto, 50 personas aproximadamente tendrán que reducir su carga de trabajo después de que esta firma extremeña haya realizado inversiones estratégicas para posicionarse y apuntarse al carro de las renovables.
Ahora su gerente, Felipe de la Morena, reconoce el impacto negativo de la medida del Gobierno central, pero también le ve un matiz positivo. «Al menos el decreto clarifica la situación de las empresas que ya tienen preasignación (a las que no afecta) y estas dejan de tener dudas sobre su viabilidad, de modo que tienen el camino limpio. Nosotros teníamos pedidos para estas empresas y lo ocurrido es una buena noticia en el corto plazo. Lo malo son las expectativas de futuro, así que la moratoria nos obliga a calmarnos».
Según este empresario, en cuanto sirvan el material de las cuatro instalaciones extremeñas que tienen contratado su producto, más otra de Alicante, tendrán que readaptarse a la situación y explorar otros mercados fuera de España.
Fábricas de componentes
La patronal de las centrales termoeléctricas de España, Protermosolar, tiene un mapa con las plantas operativas, en proyecto o preasignadas. La mayoría de los puntos están situados en Andalucía y Extremadura, las comunidades con mayor exposición solar y donde promotores de Alemania, Estados Unidos y Japón pusieron el ojo hace años. Según la relación que maneja Protermosolar, en la provincia de Badajoz hay cuatro operativas, seis en construcción avanzada y una preasignada; mientras que en Cáceres hay una, tres y tres respectivamente.
Pero a su gerente, Luis Crespo, le consta que la región aún despierta interés en muchos inversores especializados en energías renovables; y añade que no necesariamente son los mismos que las explotan después vendiendo esa energía a la red eléctrica convencional, los que saldrán damnificados con el nuevo decreto sino aquellos que ayudan a montarlas con su tecnología. Y con la moratoria del gobierno muchos fabricantes de componentes de estas instalaciones se verán afectados, «como Riográs, que va a cerrar su fábrica de espejos en España porque ve que el mercado aquí es poco creíble», dice Crespo, que ya anticipa que con la medida gubernamental recién aprobada se va a despedir a gente y cesará la formación en este sector.
Según datos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, Extremadura cuenta con 94 plantas termosolares en tramitación (de las que en unas sesenta los promotores tenían evidente interés en continuar con los trámites) y que aún no habían obtenido la preasignación, por lo que sus peticiones se verán ahora denegadas. En total hubieran sumado 3.000 megavatios de potencia.
No obstante, el gerente de la la consultora especializada Arram, Carlos Arce, calcula que de los más o menos 60 proyectos termosolares no preasignados, solo la mitad aproximadamente tienen las autorizaciones de la Junta. «El resto difícilmente las podrán tener porque no reúnen todos los requisitos. A su vez -explica- de los aproximadamente 30 que tienen las autorizaciones, se podría pensar que más de la mitad no tienen capacidad económica para conseguir financiar en los momentos actuales una inversión de entre 250 y 300 millones de euros por planta. Por tanto, actualmente serían viables técnica y económicamente entre 10 y 15 proyectos termosolares en Extremadura».
Ahora mismo los inversores están debatiendo sobre si continuar en España o no. Para la consultora Arram, si algún promotor decide seguir con la tramitación y mantener vivos los proyectos será porque consideren que existe una expectativa razonable de que el Gobierno vuelva a abrir el registro. «Por eso sería muy importante que el Gobierno despejara la incertidumbre anunciando los plazos en los que volverá a abrir el registro, muy especialmente para la biomasa. Si el Gobierno comprometiera un plazo, por ejemplo de tres o cuatro meses, lo más normal sería que los promotores continuasen con los proyectos», dice Arce.
El registro viene a ser un libro donde se van apuntando todos los promotores con un proyecto. Su inclusión ahí se considera una preasignación. Sin embargo, solo se abre de vez en cuando, por lo que cuando hay vía libre aún quedan otros trámites que superar.
Torresol Energy, que en la actualidad tiene plantas termosolares en Andalucía, es por ejemplo una de las compañías que estaba interesada en Extremadura. De hecho, hace un año presentó públicamente sus proyectos en la zona de Mérida.
Esta empresa, de momento, sigue apostando por la región porque confía en que la medida del gobierno no durará demasiado tiempo. Según aseguraba esta semana su presidente, Enrique Sendagorta, «en cuanto el Gobierno solucione el problema del déficit tarifario, se volverán a establecer mecanismos regulatorios que permitan el desarrollo de nuevos proyectos en nuestro país. Sin embargo, las nuevas centrales termosolares en España tendrán que ser mucho más competitivas, es decir, ser capaces de generar electricidad a costes mucho más bajos que los actuales»
Respecto a los proyectos que promueve Torresol Energy en Extremadura, «vamos a continuar desarrollando Parsolex (parque solar de cuatro torres centrales con receptor de sales fundidas), porque en este proyecto incorporamos todas las innovaciones tecnológicas».
Eólicas y biomasa
Por la potencia que han ido sumando, las instalaciones termosolares son las de mayor relevancia en estos momentos, siendo las que usan canales parabólicos las mayoritarias en la región.
Placas fotovoltaicas ya apenas se montan; y si bien la Junta tiene sobre la mesa peticiones de autorización para casi 500 proyectos que quedarán paralizados temporalmente, estos son casi en su totalidad iniciativas particulares que sumarían 800 megavatios en total.
En cuanto a energía eólica, no existe un solo molino de viento en Extremadura pues los anteriores gobiernos socialistas no eran partidarios, si bien en la pasada legislatura Guillermo Fernández Vara flexibilizó las condiciones. En cualquier caso, justo ahora que el decreto del gobierno bloquea su instalación, la Junta de Extremadura tenía 65 proyectos sobre la mesa que sumarían 381 aerogeneradores en total y que generarían una potencia de 977 megawatios.
Pero es la biomasa, otra fuente de energía limpia que se basa en la transformación de energía de materia forestal, la que más preocupa en Extremadura. Entre otras cosas, porque ayudará a la transformación del campo extremeño.
El Clúster de la Energía pedía esta semana el establecimiento de regímenes económicos específicos para las instalaciones destinadas al autoconsumo y generación distribuida; a las que utilizan la biomasa, a los biocarburantes y a los residuos como fuente de energía.
Y cuando el presidente extremeño, José Antonio Monago, viajó el jueves a Madrid para entrevistarse con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se refirió sobre todo a la biomasa. De su encuentro no obtuvo nada firme, pero sí el compromiso del ministro de estudiar la posibilidad de dotar a Extremadura de un régimen específico en lo que respecta a la aplicación del Real Decreto. Lo que también trascendió es que el presidente extremeño puso el acento, sobre todo, en la biomasa porque considera que puede contribuir de manera importante a la reconversión de algunas zonas agrarias y a la generación de mucha mano de obra.
