Una medida drástica para miles de hogares que sufren especialmente la crisis. Por ese motivo, el Gobierno local ha decidido retirar la nueva ordenanza de inspección de edificios para estudiar su articulado y plantear posibles bonificaciones en función de la situación económica.
La norma, que se esperaba incluir en el orden del día del pleno de hoy para su aprobación, se presentó en la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado lunes. Sin embargo, el Gobierno local decidió retirar su tramitación. La portavoz socialista, Estrella Gordillo, denuncia que no contaba con los informes de legalidad. Algo que el equipo de Gobierno considera innecesario. Pese a todo, abandonó su propuesta para introducir algunas modificaciones al texto.
El Gobierno local pretende implantar la denominada Inspección Técnica de Edificios. Esta actividad apareció regulada en un real decreto aprobado por el Gobierno central el pasado año y tiene como objetivo garantizar unos mínimos de calidad y seguridad en viviendas.
Siguiendo las directrices de esta norma estatal, el Consistorio propone exigir la inspección para los edificios de más de 50 años de antigüedad. Según el texto propuesto, deberá llevarse a cabo dentro del año siguiente a la fecha en que se cumpla esa edad. Para aquellos inmuebles que ya la hayan superado será obligatoria durante el primer año tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza.
Además, las inspecciones deberán renovarse de forma periódica. Para los edificios catalogados por el Plan General en los que se recomienden obras de reparación se exigirán cada año y para los que no sean necesarias actuaciones de mejora serán cada dos años. En cuanto a los inmuebles sin catalogar, si se exigen obras de reparación la inspección se repetirá cada tres años, mientras que para el resto se pedirá cada cinco años.
La obligación legal de efectuar la inspección periódica se verificará mediante la obtención por cuenta y cargo del propietario de un informe expedido por un técnico competente en la materia. Este trabajo debería incluir cuestiones como planos de situación y fotografías del interior y el exterior del edificio, descripción detallada del mismo, desperfectos apreciados (cimentación y estructura, fachadas y medianeras, estanqueidad e instalaciones generales, etc.), posibles causas y presupuesto de las obras que se consideren necesarias. También debería plantear, en caso de ser requeridas, medidas inmediatas de seguridad, que la propiedad deberá adoptar de forma obligatoria.
Para controlar estos trabajos, el Consistorio plantea crear un Registro Informatizado de Inspección Técnica de Edificación, de carácter público, en el que se inscribirán los citados informes.
Asimismo, la ordenanza establece que los propietarios de los edificios catalogados o los protegidos por la legislación de patrimonio histórico que se encuentren en situación legal de ruina tienen el deber de rehabilitarlos para recuperar las condiciones de habitabilidad y uso.
La ordenanza propuesta recoge la posibilidad de acogerse a ayudas para la conservación y rehabilitación de edificios, pero no define cuáles. Sin embargo, sí establece sanciones para quienes incumplan la obligación de realizar las inspecciones, con sanciones que oscilan entre 600 y 6.000 euros.
Más de 2.500 edificios
En la actualidad es difícil saber el número de edificios con más de 50 años de antigüedad que existen en Mérida, ya que no hay datos oficiales al respecto. Pero se pueden hacer algunas estimaciones. Según el último censo de población y viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, del año 2001 (el correspondiente al 2011 está en fase de elaboración), en aquellos momentos había en la ciudad 2.523 edificios destinados principalmente a viviendas construidos con anterioridad a 1960.
Debido a que la ordenanza entraría en vigor en el año 2012, y a que pocos de estos inmuebles han sido demolidos en los últimos años, se puede aseverar que la medida de inspección ya sería exigida de entrada a más de 2.500 inmuebles, muchos de ellos situados en zonas desfavorecidas de la ciudad. Por ese motivo, el Gobierno local ha preferido retirar su propuesta y plantear bonificaciones más claras antes de exigir la elaboración de unos costosos estudios técnicos que, además, deberían repetirse al menos cada cinco años.
