La Junta de Extremadura garantiza que las prestaciones destinadas a residencias de discapacitados y a la atención temprana que se presta a los afectados hasta que tienen seis años no se van a tocar. Así se indica en un comunicado en el que responsables de Sanidad señalan que la decisión se debe a que los consideran dos servicios imprescindibles en la atención al colectivo.
No se explica nada, sin embargo, de otros capítulos como los talleres ocupacionales en los que se les enseña un oficio con el que favorecer la inserción sociolaboral, ni de otras terapias como la de habilitación funcional, cuyo futuro puede verse dañado por el recorte presupuestario que todavía no se ha dado a conocer.
Ni siquiera conocen el dinero con el que van a contar durante este año los representantes de los discapacitados extremeños, que ayer por la tarde se reunieron con el secretario general de Servicios a la Ciudadanía y Atención Sanitaria, Francisco Javier Fernández Perianes. Acudió la directiva de Cermi (Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura) y de Feaps (Federación de Asociaciones en favor de las Personas con discapacidad), que preveían salir del encuentro con los datos debajo del brazo, aunque finalmente no fue así.
Lo único que se les comunicó es que a finales de febrero se hará pública la convocatoria de subvenciones de 2012, a la que tendrán que presentar sus proyectos y que en ella se favorecerán los servicios que se estimen prioritarios, intentando que el ajuste tenga el menor impacto posible sobre su calidad.
El dinero llegará tarde
Algo que preocupa es que esa convocatoria no se publique hasta final del mes que viene porque en ese caso habrá que sumarle al menos un mes de plazo para presentar y recoger las solicitudes, más el tiempo que necesiten los técnicos para examinarlas y determinar cuáles se aprueban y cuáles no, de manera que el colectivo teme que el dinero llegue a sus manos demasiado tarde como para poner en marcha ningún programa.
No saben, por tanto, cuánto dinero se les va a recortar respecto a los 32 millones de euros que recibieron el año pasado, pero temen que la rebaja les obligue a no poder continuar desarrollando el mismo ritmo en la atención a la discapacidad del que se benefician 111.000 personas en la región, según datos de Cermi. Temen incluso que puedan verse obligados a cerrar centros y a clausurar programas, con lo que ello conlleva añadido de destrucción de empleo.
El Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura, Madex, es otro de los apartados que no se van a tocar, según expuso Fernández Perianes. Eso sí, en el encuentro se aprobó crear una comisión que se encargue de examinar los convenios que ese programa recoge para actualizarlos económicamente, ya que las partidas para muchos de ellos están obsoletas al no haberse equiparado al aumento del coste de la vida desde que se regularon por decreto en 2006.
