Ni 50 ni posiblemente ninguno. A día de hoy las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Extremadura, se decantan por no convocar oposiciones de Educación en este año. Así lo asegura el Gobierno de Murcia, que dice que el pasado miércoles así lo acordaron los responsables educativos de estas regiones en la reunión mantenida con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal.
En declaraciones al diario La Verdad, el consejero murciano de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, aseguró que todos los asistentes expresaron al ministro una posición unánime en el sentido de que durante el presente año no se convoquen oposiciones en la enseñanza. «El consenso ha sido generalizado, motivado por la inquietud generada por los nuevos temarios, las modalidades de acceso y la situación económica, aunque la decisión final se adoptará en la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo 27 de enero».
Sin embargo, desde la Junta de Extremadura eludieron ayer confirmar este extremo. Fuentes de la Consejería de Educación aseguraron a este diario que todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto, y que no será hasta la sectorial de la próxima semana cuando se tome una decisión, que deberá ser conjunta para el conjunto de comunidades españolas. En todo caso, pidió prudencia hasta que se tome esa decisión final.
Adrián Vivas, responsable de Enseñanza de CSIF, conocía las declaraciones del consejero murciano, pero no acaba de darle crédito. La información que le ha llegado por sus contactos con la Junta es que en el encuentro del pasado miércoles no se alcanzó un acuerdo, que deberá rubricarse la semana que viene. En todo caso, insistió ayer en la necesidad de que Extremadura se convoquen las pruebas.
Alfredo Aranda, de PIDE, abunda que la declaraciones de Sotoca se contradicen con las del gobierno cántabro, que aseguran que no había unanimidad entre las regiones. «Hasta el día 27 no sabremos la repuesta», aseveró ayer.
En la región esta decisión afectaría al medio centenar de plazas, aproximadamente, que deberían salir en Educación Secundaria. Este número se corresponde con el 10% del número de vacantes que se producirán, según cálculos del secretario general de la consejería, César Díez Solís.
Y es que las comunidades españolas están obligadas por el decreto del Gobierno que les obliga a que la tasa de reposición sea del 10% en este ámbito. Es decir, aunque quisiera la Junta no podría sacar más plazas. En cambio, las regiones sí que tienen la potestad de convocar o no oposiciones, pero este año hay un consenso en que tiene que ser una posición conjunta de todas ellas, para que cada región no esté pendiente de lo que hace el resto.
