El Ayuntamiento 'firma la paz' con la Sociedad General de Autores

El Ayuntamiento de Navalmoral y la Sociedad General de Autores de España mantienen serias discrepancias desde hace años sobre las cantidades que el primero debía abonar al segundo por actividades musicales o teatrales que organizaba o en las que colaboraba, hasta el punto de terminar en los tribunales. Algo que, parece, no se repetirá en el futuro tras el acuerdo que adoptó ayer la Junta de Gobierno Local de adherirse a un convenio de pago en vigor entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la SGAE.

Vamos, que el Ayuntamiento moralo «ha tenido que pasar por el aro», como reconocía ayer, en palabras llanas, el primer teniente de alcalde, Pepe Pascual, que añadió que ha tratado de hacerlo de la mejor manera posible, dado que prácticamente no hay ninguna actividad contratable por la que no haya que pagar a la SGAE. Con ese convenio el municipio tendrá un 25% de descuento en las tarifas que la sociedad aplica a las distintas actividades y además será el propio Ayuntamiento el que haga una especie de autoliquidación. A pesar del acuerdo el portavoz municipal se mostró crítico con el sistema, porque si bien reconoció que hay que pagar por los derechos de autor, no de la forma que se viene haciendo y menos sin un control riguroso de ese dinero.

Retirada de una demanda

El acuerdo adoptado es consecuencia de la retirada por parte de la SGAE de una segunda demanda que tenía contra el Ayuntamiento en los tribunales, después de que la primera condenara al consistorio a abonar 38.346 euros de los 50.000 que reclamaba la sociedad. La segunda demanda superaba los 21.500 euros, que una vez conocida la primera sentencia y el resultado de otras reclamaciones se redujo a una quinta parte, 4.200 euros.

A partir de ahí se entablaron unas conversaciones, que en principio únicamente trataban de acordar un calendario de pago, pero que terminaron con la adhesión al convenio de la FEMP. La deuda acumulada asciende a 42.549 euros, que se abonará en plazos trimestrales de 10.637,49 a lo largo del 2012.

Pascual justificaba la adhesión al convenio por tres razones, aunque insistía en su discrepancia con el sistema establecido. Primero por la imposibilidad de contratar nada fuera del alcance de la SGAE; segundo por los informes de los servicios jurídicos municipales que recomiendan pagar «porque así lo dice la ley» y por último el 25% de ahorro que supone adherirse al convenio de la FEMP. «Se puede entender como una victoria pírrica o como una derrota honrosa, como se quiera mirar», dijo. En cualquier caso supone cerrar un largo periodo de reclamaciones y pleitos y comenzar una nueva etapa.