Ocupará unas ocho hectáreas, procesará entre 150.000 y 290.000 toneladas de escombros cada año y su construcción debe ser financiada a través de la iniciativa privada. La planta de reciclaje que está previsto habilitar en el término municipal de Cáceres aún no tiene sitio decidido, pero se está buscando. La Diputación Provincial ya ultima el pliego de condiciones, el paso previo al concurso de empresas interesadas en hacerse cargo del proyecto. El contrato que atenderá a toda la zona sur de la provincia contempla la construcción de 13 plantas de transferencia, 72 puntos de acopio y la planta de reciclaje.
Saturnino López, portavoz de la corporación provincial, calcula que el contrato estará adjudicado a finales del presente ño y, por tanto, antes de principios de 2012 ya se conocerá la ubicación elegida para construir la planta de reciclaje. «Las empresas que opten tendrán que aportar en la documentación qué fincas tienen en propiedad para cumplir esta parte del contrato», explica.
Eso sí, tendrán que adaptarse a la normativa municipal a la hora de determinar la ubicación. Esto elimina la posibilidad de instalar la planta de reciclaje en fincas muy cercanas al perímetro de la capital. «No se nos ocurriría en ningún caso permitir que se instalara cerca de la ciudad ya que además, no es posible por ley», señala López.
Las obras para la construcción de estos 85 puntos de transferencia y acopio, además de la planta de reciclaje, tienen que estar listas en un plazo de tres años. El contrato estipula también que podrán explotar estos espacios durante 25 años de gestión.
La finalidad de este sistema de gestión público-privado para recoger y tratar los residuos es la eliminación de las escombreras ilegales de la provincia. Se hará a través de dos fases: la primera, enfocada en la zona norte y con epicentro en Plasencia, ya se ha adjudicado a la empresa Araplasa; y la segunda, en la zona sur con sede en Cáceres. «La experiencia que nos ha dado comenzar primero con la zona norte revertirá en la zona sur. De este modo, hemos podido corregir algunos errores», señala el portavoz del gobierno provincial.
Se calcula que hay más de 300 escombreras ilegales a lo largo y ancho de la provincia y la Diputación de Cáceres se ha propuesto acabar con todas.
Las plantas de transferencia, donde se tratan los materiales limpios y se clasifican los demás, se instalarán en los siguientes municipios: Membrío, Valencia de Alcántara, Brozas, Alcántara, Garrovillas, Talaván Torremocha, Montánchez, Trujillo, Miajadas, Logrosán, Guadalupe, Castañar de Ibor, Ceclavín, Coria, Cañaveral, Serradilla, Navalmoral de la Mata, Bohornal de Ibor, Jaraíz de la Vera, Losar de la Vera, Navaconcejo, Hervás, Ahigal, Pinofranqueado, Montehermoso, Moraleja, Valverde del Fresno y Cadalso.
Cada punto de acopio se situará, como máximo, a 25 kilómetros de una planta de transferencia.
Sellar la cantera de Balpia
Con estos datos en la mano, el Ayuntamiento de la ciudad, que se había comprometido a sellar en breve el vertedero de la cantera de Balpia, en Aldea Moret, da marcha atrás. «Mientras sale a concurso la escombrera se puede mantener porque los vertidos son casi nulos. La mayoría de las obras están paradas y creemos que se puede sellar en el momento que se construya el centro de reciclaje. Será prácticamente simultáneo», explica la concejala de Medio Ambiente, María Teresa González.
La caída de los vertidos de residuos de la construcción ha propiciado que se retrase el sellado de este vertedero controlado en varias ocasiones desde que se abrió, en 2001. El Ayuntamiento llegó incluso a anunciar que la cavidad estaba repleta en 2007, aunque la urgencia vino a menos hasta tal punto que antes de que la nueva corporación entrara al Consistorio, la comisión de Hacienda estimó que la zona podía seguir, al menos dos años, albergando residuos.
La gestión de este vertedero controlado corresponde al grupo Santano. Su uso acabará cuando el Ayuntamiento renuncie a la escombrera en favor de la planta de reciclaje de la Diputación.
